Nueva York.- Seis años después de la implementación de la controvertida política de “tolerancia cero” del entonces presidente Donald Trump, más de mil 300 niños separados a la fuerza de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos siguen sin poder reunirse con ellos.

Esta cifra representa casi una tercera parte de los menores afectados por una de las medidas más radicales de la política migratoria de la administración Trump.

El informe, publicado hoy por Human Rights Watch (HRW), el Texas Civil Rights Project y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Yale, revela que 1,360 niños y niñas no han podido reunirse con sus padres en todo este tiempo. El documento denuncia la “falta de rendición de cuentas” por estos hechos y señala que, a pesar de la gravedad de la situación, no ha habido consecuencias para los responsables de esta política.

La separación forzada: desaparición y tortura

Los autores del informe comparan las separaciones forzadas con la desaparición forzada, ya que los padres no recibieron información sobre el paradero de sus hijos durante años. Además, califican estas acciones como tortura, señalando que se trató de una medida “deliberada” diseñada para causar sufrimiento a las familias migrantes con fines disuasivos.

Casos de crueldad premeditada

El informe documenta casos de funcionarios que implementaron separaciones para “disuadir a otras familias” y otros que mantuvieron estas separaciones incluso cuando algunas agencias federales ya habían comenzado a promover la reunificación.

“ Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias”, comenta Michael García Bochenek, abogado sénior de la división de derechos infantiles de HRW.

“ Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”, agrega.

Medidas de reparación y la falta de rendición de cuentas

Si bien el informe reconoce que el gobierno de Joe Biden ha tomado “medidas notables” para mitigar el daño, como la concesión de permisos temporales a los padres y la prestación de servicios de salud mental, aún no se ha logrado una rendición de cuentas efectiva por los responsables de la política de separación.

Además, preocupa que varios de los funcionarios implicados, como Thomas Homan y Stephen Miller, puedan regresar a posiciones clave en el próximo gobierno de Trump, lo que podría perpetuar estas políticas.