Confieso que cada vez me cuesta más trabajo leer y escuchar las opiniones de las personas que siguen negando la realidad y siguen buscando señales de paz y armonía en cada gesto de nuestro Gobierno. Una de esas personas, enfadada con mi desencanto obstinado, me exigió a gritos (como suelen hacerlo ellos): Si estás tan seguro, ¿por qué no escribes un manual para dejar de soñar? Primero le respondí: ya lo hice, se titula Gato por Liebre. Pero ese libro es largo, así que rectifiqué: es buena idea. Y aquí van los primeros apuntes.

La consigna es que nada ni nadie se oponga. El proyecto que imaginó López Obrador es el único que debe llevarse a cabo, porque representa y encarna la voluntad popular, ratificada en todas las elecciones que se han celebrado desde el 2006 (todas ganadas, pero solo las dos últimas reconocidas). No hace falta la oposición, porque la idea de la democracia plural es burguesa y conservadora. Tener partidos de minorías para legitimar las decisiones tomadas es cosa pasada: la estratagema del PRI. Hoy la democracia no debe entenderse sino como la fuerza inequívoca de la mayoría. Esa mayoría decidió el proyecto a seguir y le entregó un mandato al Gobierno para hacerlo valer.

El proyecto está diseñado para dignificar al pueblo y a la nación, cosa que reclama dos tareas principales; de un lado, erradicar todos los obstáculos que entorpecen la consumación de esa obra y, de otro, ofrecer ¿por el bien de todos? bienestar a los pobres. Para realizar la primera, es preciso que todo lo decida la mayoría y que esta se consolide en el partido más grande del mundo. Esa mayoría no sólo concentra una voluntad única, clara e inquebrantable, refrendada una y otra vez, sino que tiene derecho a hacerlo a través de todos los medios. Los contrapesos a esa voluntad han sido y siguen siendo guaridas de quienes no han buscado sino conservar privilegios y medrar con la pobreza del pueblo. Todas esas instituciones falsarias han sido y siguen siendo corruptas: el Poder Judicial, el INE, el INAI y todas las demás inventadas para convalidar actos de corrupción y rapiña. Por eso es indispensable extinguirlas.

La viabilidad del proyecto depende de nuestra capacidad para retener y redistribuir la riqueza nacional. Es necesario recuperar la soberanía sobre todos los medios de producción y, en particular, afirmar el control popular sobre la producción de energía, petróleo y litio. Pero también es indispensable romper las alianzas corruptas entre Gobierno y empresas y someter el poder económico al mandato del pueblo. De momento, no hay ninguna intención de eliminar la propiedad privada de esas empresas. Pero ninguna debe eludir sus obligaciones fiscales o laborales, dejar de colaborar, ni intentar la falsa protección de las leyes en contra de las decisiones tomadas por el Gobierno. Eso se acabó.

Ningún Gobierno extranjero tiene derecho a imponer condiciones o faltar al respeto al pueblo de México, en ninguna circunstancia. El país está dispuesto a colaborar, a cooperar y a ayudar a otras naciones cuando le sea posible, pero nunca se someterá a la voluntad de una nación extranjera ni, mucho menos, de empresas transnacionales. Como el resto de las organizaciones privadas que busquen ganancias en el mercado de México, pueden hacerlo mientras respeten las reglas, apoyen las iniciativas del pueblo y paguen impuestos.

Con ese dinero se mantendrá la entrega de dinero a los grupos que ya están en la Constitución (y más, cada vez que sea posible), se construirá más infraestructura, se harán nuevas viviendas y se garantizará el acceso a la salud y a la educación. Pero el Gobierno será el único responsable de esa labor, sin intermediarios. Así será, por mandato del pueblo. ¿La paz y la armonía? Vendrán por añadidura.