La última semana de noviembre del año pasado llegó muerto a la Cruz Roja de Monclova un adolescente a causa de un golpe en la cabeza. Al investigar el hecho se supo que dicho joven estaba internado en el anexo “Impacto de Fe”, donde fue castigado por no querer comer; tenía prohibido dormir y sentarse y cuando el cansancio lo vencía era golpeado con saña por el personal del anexo. Uno de esos golpes lo mató.

Hace apenas dos meses, en el anexo “Sanareh” -ubicado en los límites de Monclova y Frontera-, otro joven murió a causa de los golpes que recibió en dicho sitio. En Coahuila durante los últimos 15 meses han muerto en los anexos 15 personas -una por mes-, seis por maltrato, torturas y negligencia, y las otras nueve por aparentes causas naturales.

Los abusos y maltratos a los internos son una práctica común en los anexos que se supone deben operar como centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, principalmente a las metanfetaminas y drogas similares, como el cristal.

El abuso de estas drogas, principalmente entre los jóvenes, es un serio problema que prácticamente es ya una epidemia. De 2017 a 2022 el consumo de estos estupefacientes en México aumentó 218% y continúa creciendo al poderse conseguir estas sustancias a un precio relativamente accesible y que suelen ser adulteradas para ocasionar mayor adicción, pero con resultados fatales.

Como es sabido, estas drogas sintéticas liberan adrenalina y dopamina incrementando la energía e inhibiendo el hambre y el sueño. Hasta el momento la adicción al cristal es difícil de atender ya que no hay tratamientos farmacológicos. Es por esto que ante la preocupación y desesperación de los familiares de los adictos busquen algún tipo de ayuda para librarlos de su adicción y por ello recurren a los anexos para su tratamiento.

En Coahuila se tienen registrados 74 anexos, sin embargo se estima que hay más de 120 anexos clandestinos. Y es que las deficientes regulación y supervisión han favorecido la proliferación de estos lugares que suelen ser operados por personas sin conocimientos en salud física y mental, y que a menudo son exadictos que abren su propio negocio.

Abrir un anexo es relativamente sencillo ante la laxitud de las leyes y las normas vigentes que los regulan. Basta con tener firma electrónica y darse de alta en el portal de la Secretaría de Salud para registrarse, y una vez establecido, se supone, las instalaciones deben contar con saneamiento básico, cumplir con los protocolos de higiene y tener un médico que realice revisiones mínimo dos veces por semana.

A pesar de sus deficiencias los anexos cobran a los internos cuotas que van desde los mil hasta 20 mil pesos mensuales, además, los familiares tienen que llevar una despensa para la alimentación del interno. Por ello es importante que los familiares deban cerciorarse que el anexo esté debidamente registrado, aunque esto no es garantía para evitar los malos tratos. Cabe señalar que cualquier interno mayor de edad no debería ser ingresado sin su consentimiento ya que esto constituye un delito, para ello debe presentarse una carta de consentimiento.

Quienes están a cargo de los internos son los llamados “padrinos”, individuos que ya enfrentaron alguna adicción y supuestamente ya la superaron. Fungen en los anexos como vigilantes, psicólogos, nutriólogos, o lo que haga falta, sin contar con experiencia ni preparación. Por ello el tratamientos de los interno es a base de golpes, humillación y abusos.

Se supone que los anexos registrados deben ser supervisados por las autoridades correspondientes, pero los malos tratos solo son detectados hasta que hay una denuncia de por medio. Sin embargo, los más de 120 anexos clandestinos solo son ubicados hasta que alguien los denuncia.

A principio de este año el Congreso de Coahuila solicitó a los municipios que entregaran una relación de los anexos y su situación; solo Saltillo y Sabinas respondieron.

Desafortunadamente a las autoridades les falta mucho por hacer para afrontar este grave problema, pero sobre todo en la prevención de las adicciones donde Coahuila ocupa los primeros sitios en narcomenudeo.

Urge modificar leyes, normas y reglamentos para que los centros de rehabilitación funcionen como tales ofreciendo atención médica y psiquiátrica profesionales y con trato digno basado en los derechos humanos. Pero sobre todo creando opciones de alternativas creativas y productivas para niños y jóvenes.