Otra vez el Congreso –tapadera– del Estado. Pero ahora desde adentro: desde lo institucional, y no a partir de posturas políticas y votos de sus legisladores en consecuencia (como sucedió el viernes de la semana pasada, cuando rechazaron por mayoría que rindiese cuentas el Alcalde de Torreón, y la Fiscalía Anticorrupción lo investigáse).

Quizá se dio cuenta usted, al circular por las principales vialidades de Saltillo el mes pasado, que durante 12 días permanecieron colocados 25 anuncios espectaculares –a dos caras, en algunas ubicaciones– para informarnos que un tal Alberto Hurtado está “Jalando por Saltillo”. Ah ok.

Además del mensaje literal, al calce de la lona impresa figuraba el emblema de la Legislatura LXIII, pues el sonriente personaje retratado para la ocasión funge como diputado local por Morena.

En dicha relación laboral se justifica pueda hacer proselitismo durante los días previos y posteriores a un Informe Legislativo anual, sin ser sancionable por actos anticipados de campaña durante un eventual proceso electoral. Así lo hizo el 14 de noviembre.

Un detalle, antes de entrar en materia: al ser plurinominal es representante del partido que lo colocó en las listas de representación proporcional en una posición de privilegio para obtener una curul mediante porcentaje de votación global, no es representante de un distrito en particular, y mucho menos de una ciudad –en este caso Saltillo–, entre 38 municipios que componen la entidad y tienen presencia en el Poder Legislativo como órgano de control constitucional.

Curiosamente ningún otro legislador de los 24 que integran la Legislatura, ha “informado” a la fecha públicamente algo (“resultados”, le llaman), a escasos 19 días de terminar el año (el primero de tres que dura su periodo). Por ello, destaca el atemporal y anormal evento que se difundió con suficiencia simultáneamente por los cuatro puntos cardinales de la capital.

Al respecto, quien esto escribe solicitó al Congreso del Estado, en consecuencia, es decir, su empleador, una información simple: costo total de las actividades de difusión, desglosada por conceptos y rubros tales como impresión de lonas, renta de las estructuras para colocar los anuncios espectaculares, pautas publicitarias en medios de comunicación, alquiler de salón y mobiliario, desplazamientos al evento convocado, entre otros que se pudieron verificar en un ejercicio periodístico.

Como respuesta, el titular de la Unidad de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del Congreso, César Mario Esquivel Flores, asumiendo el mando y la representación, mencionó que “no son gastos que absorbe este H. Congreso del Estado” (por tanto “la Tesorería no ejerció ningún pago”) y, acomodándose en un criterio del INAI de 2021, deslizó una segunda negativa: “no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para la atención de solicitudes”.

Dicho de otra forma: puede un diputado local durante 12 días al año cometer un dispendio sin que a nadie (incluido al propio Congreso estatal y la Auditoría Superior del Estado) se le permita observar siquiera de dónde provienen los recursos para ello, mismos que pueden ser millonarios y lo más importante, ilícitos. Ojo.

Ahora bien, en una segunda solicitud al propio Congreso del Estado, quien esto escribe pidió saber el costo del “Módulo de Atención Gratuita” que patrocina el mismo diputado local, Alberto Hurtado, a través de un camión itinerante, equipado especialmente para la función (y la propaganda permanente cada jornada en que sale a recorrido).

Aquí la repuesta del mismo funcionario referido fue idéntica: “no son gastos que absorbe este H. Congreso del Estado”, así que no hay nada que reportar en sus archivos.

Cortita y al pie

Como en el asunto del Informe, Hurtado es el único representante de los 25 en el Congreso que subvenciona, a título personal, una actividad permanente así de onerosa (con un salario de 92 mil 316 pesos mensuales, más una prestación de $22 mil 500 al mes como “apoyo parlamentario”, y $18 mil también cada 30 días como “apoyo legislativo” para el desempeño de sus funciones).

Considerando lo anterior, y que cada uno de los diputados locales anualmente supone un costo bruto al erario de un millón 594 mil pesos, ¿cómo se justifica entonces que sus actividades externas dupliquen o tripliquen esa cantidad si, salvo “Lord Lamborghini”, no tienen otra fuente de ingresos declarada?

Existe, pues, una laguna legal entre quienes crean leyes. Irónicamente, manga ancha para la ilegalidad.

La última y nos vamos

Es aquí cuando la desaparición del INAI, perpetrada por la mayoría de Morena y aliados, consumada el 28 de noviembre, resulta relevante.

¿Qué hacer ahora, ante la opacidad oficial? ¿Mandar el expediente al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), para que resuelva en definitiva con una sola comisionada en funciones y en el limbo jurídico como órgano?