Ciudad de México.- Después de 3 años con 10 meses en prisión, una juez federal concedió a Blanca Alicia Bernal Castilla, ex fiscal de la Unidad Antisecuestros de la FGR, el beneficio de llevar en libertad provisional y con brazalete electrónico su proceso por presuntas ilegalidades que desviaron la investigación del caso Ayotzinapa.

En una audiencia celebrada esta mañana, Alejandra Domínguez Santos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, canceló la prisión preventiva justificada a la acusada y en su lugar le impuso cuatro medidas cautelares que deberá cumplir fuera de prisión.

Estas disposiciones son el uso de geolocalizador electrónico, la firma mensual en la Unidad de Medidas Cautelares y las prohibiciones de salir de la Ciudad de México y de convivir con las víctimas de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La impartidora de justicia consideró que cambiaron las condiciones objetivas por las que originalmente se impusieron la prisión preventiva y que hoy estaba justificado su arraigo y no existe un riesgo de que pueda darse a la fuga.

En cuando formalice la contratación del dispositivo de geolocalización y le sea colocado en un tobillo, Bernal abandonará el penal Femenil de Santa Martha Acatitla, donde está internada desde el 4 de septiembre del 2000, tras su captura en Hermosillo, Sonora.

La ex funcionaria se unió a la lista de procesados del caso Ayotzinapa que este año han logrado el cambio de medida cautelar; en abril, el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, consiguió la prisión domiciliaria, y en mayo 8 militares obtuvieron la libertad provisional.

La acusada está próxima a ser juzgada por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura, contra la administración de la justicia y falsificación de documentos agravado.

En su momento, cuando se celebró la audiencia intermedia, la FGR pidió condenarla a 60 años de cárcel y al pago de una multa de un millón 792 mil 400 pesos.

Bernal estaba adscrita a la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), área que en un principio se hizo cargo de la indagatoria de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En su acusación final, la FGR afirma que la ex fiscal fue parte de una supuesta “maquinación” tramada en la gestión de Murillo Karam, para desviar la investigación del caso Ayotzinapa y fabricar una versión alterna conocida como verdad histórica.

“ Se tergiversó la verdad de los hechos, maquinando la versión que se llegaría a conocer como la ‘verdad histórica’: verdad única, conclusiva y cerrada, que frustró y cesó otras líneas de investigación acerca de la desaparición-destino de los 43 normalistas”, dice el fiscal Pascual Soto en su escrito de acusación contra Bernal.

A Bernal la acusan de actuaciones ministeriales que presuntamente sirvieron para desviar la investigación del caso Ayotzinapa, cuando recién iniciaba, validando información falsa y girando órdenes de localización y presentación contra víctimas de tortura.

A la entonces fiscal le atribuyen haber girado un oficio de comisión a Jaime Cabrera López y Elizabeth Juárez Luna, agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, para que llevaran a cabo las primeras pesquisas del caso.

El oficio fue emitido con base en una llamada telefónica anónima que la SEIDO recibió el 25 de octubre de 2014, en la que se denunciaron a algunos miembros y cómplices de Guerreros Unidos.

Los agentes viajaran a Iguala y, un día después, la mañana del 26 de octubre, rindieron en la Ciudad de México un informe en el que detallaron la estructura del grupo Guerreros Unidos, citando como fuente a una señora de 60 años que atendía una tienda en Cocula.

Para la presente administración de la FGR, ese documento es la piedra angular de un montaje, pues derivó en capturas de presuntos narcotraficantes que luego aparentemente fueron torturados y, a partir de sus dichos, la autoridad sospecha que fue construida una versión preconcebida del caso.

Con ese informe, el mismo día la SEIDO ordenó la localización y presentación de los aludidos y al día siguiente -27 de octubre- fueron detenidos Jonathan Osorio Cortés “El Jona”, Patricio Reyes Landa “El Pato”, Darío Morales Sánchez “El Comisario” y Agustín García Reyes “El Chereje”.

La Fiscalía asegura contar con indicios de que la llamada anónima fue sembrada para fabricar la verdad histórica.