Tras el asesinato el lunes de dos sacerdotes y un guía en Chihuahua, rectores y directores del Sistema Universitario Jesuita advirtieron que el “Estado mexicano no ha logrado tener un control territorial, lo que genera un Estado fallido”, además de que hay un abandono hacia la sociedad donde impera la “ley del más fuerte” y “la ley de la selva”, los sacerdotes Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora, de 80, pasaron buena parte de sus vidas sirviendo a los indígenas de la zona.

Las autoridades dicen que los mataron a tiros el lunes, en una pequeña iglesia de la plaza de la localidad de Cerocahul, junto con un guía turístico que trataron de proteger de un delincuente.

Los números no mienten y son puntuales: en la última década han sido asesinados 35 sacerdotes en México, 18 de ellos desde 2017.

Por su puesto, la indignación nacional e internacional de la comunidad jesuita, y la condena incluso del papa Francisco no se han hecho esperar. Y es que la triste realidad es que el Estado no tiene control territorial y este incluso permite que grupos armados privados lo controlen, eso aquí y en china se llama “Estado fallido”.

Colonias, barrios y pueblos son controlados por grupos delictivos -grandes o pequeños- mientras el Gobierno de la 4T está ausente, organizando eventos políticos y destapando “corcholatas” para el 2024, es más, no nos vayamos lejos, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal se la “vive” haciendo campaña en Coahuila, porque quiere ser Gobernador.

Hoy la ciudadanía está sola, abandonada, sometida a la ley del más fuerte, a la ley del secuestro, la extorsión y el asesinato, porque al Gobierno federal parece no interesarle la protección de las y los mexicanos.

Y es que López Obrador lo ha dejado claro, ha dicho una y otra vez que su Gobierno no da prioridad a la detención de los criminales y a menudo da la sensación incluso de que tolera a estas bandas, elogiándolas por “no interferir” en los procesos electorales.

Y para muestra un botón: en México las organizaciones delictivas operan a menudo en áreas donde no hay presencia del Gobierno, en un 30% o 35% de territorio mexicano. Hoy en día el Gobierno enfrenta un problema real en relación con el control del territorio.

El año pasado, la Oficina de Investigaciones Legislativas del Congreso estadunidense difundió un informe según el cual López Obrador “promueve algunas políticas enfocadas en las raíces de la criminalidad, pero su Gobierno no lleva a cabo operaciones antinarcóticos sostenidas”, situación que el país está resintiendo.

Es por ello que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se perfila a ser el más violento de la historia de México. En 42 meses de la actual Administración, se han registrado 121 mil 655 homicidios dolosos y feminicidios, superando ya las muertes violentas ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón, y está a poco de rebasar la violencia registrada de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

La tendencia está muy clara, este sexenio va a ser el más violento de la historia moderna de México. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que “tiene otros datos”, la violencia que arrasa a México, con más de 110 mil asesinatos dolosos en lo que va de su Administración, la realidad cotidiana del mexicano de a pie, de las mujeres, de los periodistas, de los sacerdotes, de hombres de bien, tiene una sola palabra para definirse: “valemadrismo”.