Decenas de miles de personas acudieron ayer a las marchas en defensa del INE en la Ciudad de México y otros lugares. De poco sirvió la contingencia ambiental decretada el sábado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Nada pudieron hacer los grupos de activistas oficialistas que se ubicaron en distintos puntos de la ruta de la marcha en la capital para descalificar a los manifestantes. Nadie cayó en provocaciones.

Supongo que el Gobierno señalará que las marchas de López Obrador han tenido más participantes, y no lo dudo. Dirán que los participantes eran pirruris, corruptos, conservadores y neoliberales. Lo significativo es que un grupo numeroso de ciudadanos, uno que no se caracteriza por manifestarse en las calles, salió a protestar este 13 de noviembre por un intento del Gobierno de cambiar el sistema electoral que nos ha dado alternancia de partidos en el poder desde 1997.

No pienso que el Instituto Nacional Electoral sea impecable. Sus defectos, como los de todos los organismos burocráticos, son enormes. Le han ordenado hacer demasiadas tareas y aplicar una legislación electoral que a veces es absurda y violatoria de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión. Muchas cosas habría que modificar en la legislación electoral. Pero no podemos cerrar los ojos ante la insistencia de que el cambio venga del poder y se aplique antes de las elecciones federales del 2 de junio de 2024. Algunas de las reformas que ha propuesto el Presidente pueden ser sensatas, muchas son sin duda populares, como lo demuestran las encuestas, pero en conjunto buscan reducir la competencia y garantizar que Morena pueda convertirse en un partido hegemónico como lo fue el PRI de 1929 a 1997.

Primum non nocere, “Primero no hacer daño”. Esta máxima ha acompañado a la profesión médica desde hace mucho tiempo. Cuando un médico aplica un tratamiento, primero debe asegurar que su medicación o intervención no empeore la salud del paciente. La iniciativa de reforma electoral de López Obrador propone cambiar de manera radical el sistema político de nuestro país sin un estudio serio de sus consecuencias. El argumento de que disminuirá el costo de las elecciones ni siquiera está documentado: el Gobierno no se ha molestado en presentar un estudio de las implicaciones presupuestarias de la iniciativa. Nadie ha calculado, por ejemplo, cuánto costarían las elecciones para consejeros y magistrados electorales, que si se hacen de manera correcta, con todas las garantías que hoy tenemos, tendrían un costo que podría rebasar los 8 mil millones de pesos. Nadie nos ha dicho, por otra parte, quiénes serían los árbitros y jueces de la elección de consejeros y magistrados. La iniciativa del Presidente, como tantas otras que ha impulsado hasta la fecha, es una simple colección de ocurrencias.

No pienso que las marchas ayuden mucho para construir instituciones más eficaces. Para quienes participan en una marcha es más fácil corear lemas sonoros, como “El INE no se toca”, que reflexionar sobre los complejos temas de una reforma electoral. Lo que ocurrió ayer, sin embargo, es que muchas personas que se oponen al retorno del partido único decidieron responderle al Presidente, en su cumpleaños, con la misma arma, una movilización, que este siempre ha utilizado para simplificar los temas complejos.

El trabajo realmente importante viene ahora, sin embargo. Se necesita por lo menos una tercera parte de los votos en las cámaras del Congreso para detener la iniciativa de enmienda constitucional. Estos votos no se consiguen con marchas, sino con trabajo político.

Aspiracionistas

Sí, fueron marchas de clase media, pero en el Paseo de la Reforma marchó una mujer de origen muy humilde, con un niño y una niña en cada mano. Le preguntaron por qué estaba ahí y respondió que quería que sus hijos fueran “aspiracionistas”.