Washington DC.- Sin ruido ni grandes proclamaciones, el presidente Donald Trump lanzó el mayor ataque contra el sindicalismo en la historia moderna desde que Ronald Reagan cesó a miles de controladores aéreos en los años ochenta.

Trump firmó una orden ejecutiva casi en silencio y sin declaraciones públicas la noche del jueves en donde efectivamente busca anular los gremios del sector público y los contratos colectivos en una vasta parte del gobierno federal. La orden instruye a una amplia gama de secretarías y agencias del gobierno de poner fin a los contratos colectivos bajo una vaga justificación de proteger la “seguridad nacional”.

La orden cita cláusulas de una ley de 1978 que permite excluir agencias de regulaciones y leyes sobre relaciones laborales federales por razones de “seguridad nacional”. Bajo su orden amplió la definición de seguridad nacional al incluir desde el Departamento de Estado y el de Defensa, partes de los departamentos de Salud, de Seguridad Interna, de Justicia como también de agencias incluyendo la de Comisión Federal de Comunicaciones y la de Protección de Ambiente entre otras.

De inmediato, varias de las dependencias federales presentaron una demanda ante un tribunal contra los sindicatos con el fin de anular sus contratos colectivos. El gobierno de Trump argumenta que los contratos colectivos obstaculizan la capacidad del presidente de “proteger a Estados Unidos de amenazas exteriores y domésticas”.

La Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) -el gremio más grande del sector de la burocracia federal- y la central obrera AFL-CIO rechazaron que la orden tenga que ver con “seguridad nacional”, sino como una respuesta de la Casa Blanca a los esfuerzos de los gremios del sector público para frenar los despidos masivos de trabajadores federales impulsado por Trump e implementado por su socio Elon Musk desde que llegaron a la Casa Blanca. El AFGE calcula que la orden afectaría a cientos de miles de servidores públicos, con otros calculando que puede impactar los derechos laborales de más de un millón. Según estadísticas oficiales, un 29.9 por ciento de la fuerza laboral federal es representada por un sindicato en 2024.

“ Con la amenaza de Trump contra los sindicatos y gente trabajadora a través de Estados Unidos queda claro: o te alineas o [habrá consecuencias]”, declaró Everett Kelley, presidente de AFGE. Acusó que la orden es ilegal y que será disputada por el sindicato ante tribunales.

La AFL-CIO denunció lo que calificó como un intento para romper el sindicalismo en el sector público. La orden de Trump “anula el derecho fundamental de sindicalizarse y negociar colectivamente para trabajadores federales en más de 30 agencias del gobierno”, declaró Liz Shuler, la presidenta de la central obrera nacional. Coincidió con AFGE al subrayar que “queda claro que esta orden es un castigo para los sindicatos que están encabezando la lucha contra las acciones ilegales de este gobierno en los tribunales -y un intento descarado para silenciarnos”.

El líder del sindicato automotriz UAW Shawn Fain denunció la orden de Trump para “pisotear los derechos sindicales de más de un millón de trabajadores federales, quitando la habilidad de negociar sobre sus condiciones laborales” y declaró que su sindicato de un millón de miembros se suma en solidaridad en defensa de los trabajadores federales “contra los ataques del gobierno de Trump”. Condenó las acciones ya que “no sólo son un ataque sobre sindicatos -es un ataque contra la libertad de expresión, el derecho de los trabajadores a organizarse, sobre la propia idea de que la gente debería de tener voz sobre sus propios empleos y futuros”.

Sara Nelson, presidenta del gremio de sobrecargos AFA-CWA, advirtió que esta orden era sólo el inicio de más ataques contra el movimiento sindical de este gobierno y declaró que “es hora de que el movimiento laboral y la fuerza laboral estadunidense se levanten por nuestros derechos y luchar por nuestro país -con todo lo que se necesite”, reporto The Guardian El diputado federal Greg Casar, líder del Caucus Progresista (unos 100 legisladores), escribió que “con esta orden, Trump está intentando destruir sindicatos y derechos laborales como los hemos entendido por 100 años” y subrayó que esta orden es “el ataque más peligroso sobre los trabajadores de Estados Unidos hasta la fecha. Tenemos que levantarnos para frenar esto -en las calles y en los pasillos del Congreso- o si no, Trump entregará cada uno de nuestros derechos a los multimillonarios”.

El influyente diputado federal demócrata Jamie Raskin declaró que “queda claro… que esto es en represalia contra el movimiento laboral por defender derechos de los trabajadores. Cuando golpes de estado derechistas y tomas de poder por autoritarios ocurren alrededor del mundo, lo primero que hacen es atacar al servicio civil, y después atacan al movimiento laboral”.

El precedente a esta acción fue hace 44 años cuando el presidente Reagan despidió a unos 12 mil controladores aéreos en huelga en 1981 no sólo para destruir su sindicato y romper la huelga, sino para dar luz verde a una ofensiva total de empresarios contra el movimiento sindical con consecuencias devastadoras que aún se sienten hoy día con tal vez el nivel más bajo de agremiados -solo 9.9 por ciento- en la historia moderna del sindicalismo estadounidense. La gran marcha del Día de Solidaridad de septiembre de 1981 en Washington en respuesta al ataque contra el sindicalismo fue una de las expresiones laborales más grandes, tal vez con hasta medio millón de participantes. Pero fracasó la demanda de re-contratar a los huelguistas y desde entonces, el sindicalismo estadounidense ha sido debilitado aunque en años recientes hay señales de un posible renacimiento.

Información de La Jornada.