El debate polarizado que ha dominado desde 2018, llegó a su punto más álgido como consecuencia de la propuesta de reforma electoral que López Obrador mandó al Congreso en abril de este año y que inició su discusión durante noviembre.

La semana pasada la discusión regresó al Senado como cámara revisora de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Por supuesto siempre habrá voces a favor y en contra, como en todo. Pero lo que sí esta a la vista de todos es una clara intención de acallar el diálogo y la deliberación democrática.

La historia de este debate se vio acompañada por dos manifestaciones, una que se llevó a cabo el domingo 13 de noviembre, promovida por ciudadanos y en contra de la iniciativa presidencial, especialmente en todo lo que buscaba transformar de manera radical al Instituto Nacional Electoral y otra en contra de los ciudadanos que apoyaron la primera.

El mensaje de la ciudadanía y la oposición que defiende al INE, se mantuvo como un bloque unido que logró impedir que la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo federal fuera aprobada con la mayoría calificada que requería.

La reacción inmediata, casi automática, fue entonces la presentación de una vengativa propuesta de reforma legislativa, el famoso “Plan B”, que, con su mayoría absoluta en ambas cámaras, Morena y sus aliados aprobaron sin el voto de los partidos de oposición.

La Cámara de Diputados recibió y votó el proyecto proveniente de Palacio Nacional, votando de inicio para dispensar todo trámite de análisis y discusión en comisiones y así proceder de inmediato a votar su aprobación en el Pleno. Ni siquiera los diputados y diputadas de la fracción mayoritaria conocían su contenido. La instrucción era aprobar sin cambiar una sola coma.

Aunque al final, esta versión ya sufrió algunas modificaciones; al llegar al Senado de la República para su análisis en comisiones, se presentó con 70 modificaciones aparentemente pactadas por Ricardo Monreal y el Gobierno federal.

Tratándose de una iniciativa grande, de mucha importancia, por buscar transformaciones en aspectos fundamentales del actual sistema electoral, y que ha despertado fundadas dudas de la constitucionalidad de varios de sus planteamientos, resulta alarmante que Morena optó por votar bajo consigna.

Las dispensas de trámite deberían estar acotadas de manera estricta en la ley solo a situaciones de verdadera emergencia. Autorizar la dispensa, es un mecanismo de naturaleza autoritaria que desaparece el espacio deliberativo, esencial en una democracia.

Un proyecto de reforma electoral, no es, además, una ley más. Tiene en su centro la manera en que materializamos la democracia; por ello no puede dejar de ser discutido. Los ciclos temporales de los gobiernos deberían haber aprendido la lección.

Hoy algunos podrán ganar elecciones avasallando, pero esas mismas reglas jugarán en contra en poco tiempo y a favor de un nuevo gobernante. La discusión parlamentaria existe para enriquecer puntos de vista, para mejorar cualquier propuesta y, sobre todo, para establecer acuerdos comunes.

Mas aún, nos encontramos en tiempos en que esta discusión debería siempre ser ampliada a la sociedad con mecanismos como el parlamento abierto.

Jurídicamente, la reforma puede ser impugnada tanto en aspectos técnicos ante el Tribunal Electoral, como por temas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

En una democracia constitucional, las formas, los procedimientos sí importan. Implican controles para evitar abusos de poder. Ignorarlos es una vuelta a un México autoritario.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.