‘Creo en la tolerancia. Creo en el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no lo son’. Joan Manuel Serrat

Nos dicen que es una iniciativa de “supremacía constitucional”, pero es más bien de “hegemonía del régimen”. Lo que busca esta propuesta, aprobada al vapor por los senadores oficialistas y que ahora se encuentra en diputados, es permitir al Gobierno hacer lo que quiera y como quiera con la Constitución, sin importar el fondo, los procedimientos o los derechos humanos.

Los legisladores no están actuando por sí mismos, sino recibiendo instrucciones. Este 26 de octubre la presidenta Sheinbaum dijo en Rosarito, Baja California: “Por eso, que se oiga bien y que se oiga lejos: el primero de junio del próximo año vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ahora dicen que somos autoritarios, que no somos demócratas. Si democracia quiere decir un Gobierno del pueblo y para el pueblo, si democracia quiere decir Gobierno del pueblo, ¿cómo vamos a ser autoritarios?”.

Muy fácil. Que un gobierno sea electo no significa que no pueda ser autoritario. Adolf Hitler y Benito Mussolini fueron electos democráticamente, pero se convirtieron en dictadores. Lo mismo hicieron Hugo Chávez y Daniel Ortega. Hitler decretó una ley habilitante en 1933, aprobada por el Reichstag, el parlamento alemán, que le permitió aprobar leyes sin que los legisladores pudieran intervenir ni los jueces declararlas ilegales. La iniciativa de supremacía constitucional es la ley habilitante de este régimen.

El Gobierno dice que su iniciativa es una ratificación de lo que dice el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el juicio de amparo “es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución”. No está claro, sin embargo, que ese artículo sea constitucional. En todo caso, la única autoridad que pude decidirlo es la Suprema Corte, nuestro tribunal constitucional. La iniciativa, sin embargo, busca impedir que los ministros puedan pronunciarse sobre este tema o cualquier reforma constitucional.

La iniciativa no solo impide los amparos, sino también las controversias constitucionales, lo cual reitera su carácter autoritario. El Gobierno quiere impedir que cualquier juzgador pueda interpretar las contradicciones de la Constitución, que hay muchas y más ahora que la maquinaria del régimen ha legislado con tanta prisa y desconocimiento jurídico, o determinar si las normas constitucionales que está imponiendo Morena con su artificial mayoría calificada violan los derechos humanos.

Ni siquiera el procedimiento se podrá impugnar. Si el régimen aprueba una reforma constitucional sin cubrir el quórum, como al parecer ocurrió en la Cámara de Diputados al aprobar la reforma judicial en un gimnasio de la Magdalena Mixhuca, o sin permitir la participación de la oposición, tampoco valdrán las impugnaciones. El régimen podrá legislar a discreción sin molestarse con cumplir los requisitos constitucionales.

Dice la presidenta Sheinbaum que esto no es autoritarismo. Entonces, ¿qué es adjudicarse el poder de legislar sin negociación ni tolerancia? El Congreso podrá imponer en la Constitución normas que violen las garantías individuales; podrá instituir la tortura y despojar del voto a las mujeres, sin que los gobernados tengamos recurso. Nos dicen los morenistas que ellos son buenos, que nunca tomarían esas medidas. Yo pienso, por el contrario, que ya han demostrado ser bastante abusivos; pero, aunque no lo fueran: ¿quién impediría que en el futuro un gobierno más perverso utilice estos poderosos instrumentos para acabar con los derechos de los mexicanos?

¿Y las armas?

El Gobierno siempre se lava las manos. Ante la batalla de Tecpan, Guerrero, que dejó 19 muertos, la presidenta Sheinbaum declaró: “¿Y qué pasa con las armas que pasan de Estados Unidos a México?”. La autoridad responsable de preservar la seguridad nunca tiene culpa de nada.