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La seducción de 2 billones de pesos

Por Columnista Invitado

Hace 16 horas

POR: RICARDO HOMS

 

La reforma constitucional impuesta por Morena en el Senado –para rediseñar al Infonavit– se ha aplazado por el momento, pero no ha quedado desechada. Por tanto, no debemos dejar de analizarla para descubrir sus riesgos, así como sus oportunidades.

El actual director general –Octavio Romero– ha presentado una denuncia por corrupción practicada en el Infonavit durante la Administración del presidente Peña Nieto. Evidentemente si se comprueba este delito, los autores deben ser castigados con todo el rigor de la ley.

Sin embargo, esta denuncia parece no estar motivada por argumentos morales, ni éticos. Su objetivo parece ser convertirla en una narrativa para justificar la reforma que se pretende aprobar.

De entrada, las reformas a las estructuras operativas y de control de este organismo –que hasta la fecha ha sido tripartita, pues su Administración está conformada de forma equilibrada por representantes de los trabajadores, del sector empresarial y del Gobierno– pretende minimizar el número de representantes de los dos primeros sectores, para darle control al Gobierno en la toma de decisiones.

Esto significa, dejar un Comité de Vigilancia donde cinco de sus integrantes representan al Gobierno, dos a los trabajadores y dos a los patrones.

Además, si el Consejo de Administración no resolviese por unanimidad los acuerdos, el director general del Infonavit podría ejercer su derecho al veto.

Por tanto, esta desproporción de votos en el Comité de Vigilancia equivale a dar facultades al Gobierno para decidir el destino de los 2 billones de pesos que pertenecen a los trabajadores de México, así como de las aportaciones que hicieron los patrones para hacer crecer los créditos de sus propios trabajadores.

Esta reforma pretende legitimar el control del patrimonio de esta institución, dinero que representa el ahorro de los me-xicanos que sueñan con construir su propio patrimonio a partir de su casa propia.

Debemos recordar que antes de la verdadera reestructuración que hizo su director general, Víctor Manuel Borrás –al inicio del Gobierno de Vicente Fox– obtener una casa del Infonavit era una odisea para los trabajadores, que tenían que recurrir a los denominados “coyotes”, o sea gestores que en un esquema de corrupción y dádivas repartidas internamente ayudaban a asignar viviendas.

En esa época las casas que construía directamente el Infonavit eran de baja calidad, feas, además de que todas eran idénticas.

A partir de que Borrás promovió la reconfiguración del Infonavit como una institución financiera, estimuló un sistema competitivo en el que los desarrolladores de vivienda competían entre sí ofreciendo casas con diseño y en la ubicación urbana que se ajustaba a las necesidades de los trabajadores.

Para garantizar la calidad de las viviendas edificadas por terceros, el Infonavit creó un sistema altamente eficiente de supervisión de obra bajo su control.

De este modo –en estos últimos 20 años– el trabajador ha tenido a su disposición una oferta de vivienda amplia entre la cual escoger. La Administración a su vez maneja los créditos de modo simple apo-yada por un sistema informático de alta tecnología.

Hoy, con esta reforma, todo parece indicar que habrá un regreso al pasado con un Infonavit que construye, financia y vende, lo cual estimulará las viejas prácticas, con casas de baja calidad, sin diseño y quizá una asignación de vivienda manejada burocráticamente, lo cual permitirá el regreso del “coyotaje”.

Además, se quitan de encima el control financiero que hasta ahora ejercía la Comisión Bancaria y de Valores sobre las finanzas del Infonavit, quien cuidaba la correcta utilización de este dinero.

Hasta hoy, las leyes de la oferta y la demanda en el mercado de la construcción han estimulado la competencia que favorece a quien compra y tiene el poder de su decisión.

A partir de esta reforma –como está redactada– el trabajador queda en manos del Infonavit, quien le otorgaría la casa con el modelo y diseño, precio y ubicación a criterio de los funcionarios que otorguen las viviendas.

¿A usted qué le parece?

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