Empezó el mes de julio y con él, el grueso de los foros nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. En dichos diálogos, participan la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cumplimiento al acuerdo emitido por el pleno de la comisión permanente del pasado 19 de junio, en el que se exhortó para que se reanudaran estas mesa de discusión, justamente después de que Andrés Manuel López Obrador, sintiéndose seguro con los resultados de la elección, declaró abiertamente la guerra a la Suprema Corte de Justicia.

Supuestamente, el objetivo principal de estas mesas, será el de analizar y debatir el contenido de las 20 propuestas de reforma enviadas por el presidente AMLO, el 5 de febrero, precisamente el día en que, un año atrás, la jueza presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, se negará a brindarle un aplauso de pie a este, en la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos el 2023, motivo de esta propuesta de reforma con tintes de venganza.

Así pues, antes de la inminente aprobación de este mamotreto de propuesta, la Cámara de Diputados realizará 9 foros, de acuerdo con la solicitud de la Junta de Coordinación Política. A dichas sesiones están invitados los diputados, diputadas, coordinadores parlamentarios y legisladores electos; así como los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representantes de la Asociación de Justicia de las 32 entidades, representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial, el Fiscal General de Justicia de la República y otros representantes sugeridos por la misma Jucopo.

Para quien dude de que la tan cantada propuesta de reforma del poder judicial no es más que una venganza del aun presidente, contra el único poder que ha logrado sostenerse como contrapeso ante sus arranques de absolutista, le diré que con esta propuesta de modificación a la Suprema Corte, en nada, pero en absolutamente nada, se busca mejorar la impartición de justicia a favor de nosotros los gobernados, y que solo es un burdo desquite contra de los ministros, por el simple delito de haber ejercido su deber de cuidar el cumplimiento de nuestra constitución, lo que para el presidente ha significado que una afrenta.

Y es que, contrario a lo que el mismo AMLO le dice a su creyentes para justificar su embate, respecto a que a la gente le irá mucho mejor en materia de justicia con el esquema que esta plantando en su propuesta, la verdad es que la justicia cotidiana, muy contadas veces pasa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que está comúnmente solo revisa la constitucionalidad de las leyes, a través del juicio de Amparo. Por lo que evidentemente esta reforma lleva una marcada dedicatoria a esta figura jurídica, lo que se aleja por mucho de la justicia cotidiana que sí sufre la gran mayoría de la población y que va más en temas como divorcios, pensiones alimenticias, sucesiones testamentarias, arrendamientos y abusos entre particulares, en los que muy pocas veces el mexicano encuentra justicia por causa de la ineficacia y poca voluntad de los juzgados locales, en los que nada participan estos ministros, pero que siempre ha urgido modificar y que a AMLO poco le importó durante su sexenio.