Bien dicen que prometer no empobrece, es el dicho más utilizado que aplican los políticos mexicanos o quienes le sacan provecho a la necesidad el prójimo, siendo también el caso de la Organización Nacional de Protección Al Patrimonio Familiar, mejor conocido por sus siglas ONAPPAFA.
Y lo que sucede es dicha organización está como la selección de fútbol de México, el “ya merito”, pero al final nada de nada. Recientemente la ONAPPAFA, anunció que le harán la propuesta al Presidente de México, pagar el 8 por ciento del valor de los vehículos de procedencia estadounidense la próxima regularización que prometió AMLO, para los dueños de vehículos que se encuentran de manera ilegal, o bien, que no han pagado impuestos a las autoridades del SAT, en nuestro país.
Surgieron los primeros indicios amenazantes de revivir lo que pudiéramos calificar como el “fraude del siglo” por los largos años, casi cuarenta, que existió en México y estuvo defraudando y robando a miles de connacionales con el pretexto de regularizar unidades motrices traídas de los Estados Unidos.
Durante cuatro decenas de años, ofreció mediante el pago de determinada cantidad, (dependiendo del modelo del vehículo) proporcionar impunidad con una calcomanía que llevaba las siglas de ONAPPAFA.
Esta ingeniosa “idea” de robar o estafar a quienes contaban con un automóvil o camioneta pick up irregular, es decir, extranjera y sin documentos de haber sido nacionalizada mediante el pago fiscal de su importación ante las autoridades de Hacienda, “nació” de un profesor de nombre José Guadalupe Barrios Núñez, al parecer originario de Gómez Palacio, Durango.
El profesor Pepe Lupe, tuvo muchos buenos años “vendiendo” sus calcomanías y el “negocio” llegó a popularizarse a tal grado que surgieron varios “remedos” de ONAPPAFA como fueron FRENOS, una filial de la CNOP, Unión Democrática Campesina y otras más.
Barrios Núñez, en sus primeros años de promoción de ONAPPAFA operó de preferencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Piedras Negras, Coahuila; ampliándose paulatinamente no solo en el resto de Tamaulipas y Coahuila, sino a otras entidades donde a la postre le surgieron “remedos” competidores.
En el caso de Coahuila, se “escudaba”, al menos en los seis años de la Administración pasada con el gobierno, encabezado por Rubén Moreira Valdés, declarando a la prensa que el entonces gobernador lo “autorizo” a trabajar en esta Entidad, pero sin poder demostrarlo con algún oficio oficial.
Su lema era que con ONAPPAFA “protegía” a los pobres para contar con un automóvil barato que no tenía dinero para comprar uno nuevo.
A los vehículos de ONAPPAFA se les conoció como los “chocolates”, “chuecos” e ilegales y en muchas de las poblaciones ONAPPAFA contaba con la protección de algunas de sus autoridades policiacas y de vialidad o llamadas también de tránsito, mediante el correspondiente “cochupo” o “mordida” para tener impunidad.
Hay un estimado de que existen en todo el país 16 millones de vehículos ilegales o “chocolates” siendo Baja California, Tamaulipas, Sonora, y Nuevo León, las Entidades donde la mayoría circula impunemente, representando más del 13 por ciento del total de ventas de vehículos en la República.
En San Luis Potosí, en los últimos meses han surgido distintas organizaciones ofreciendo regularizar los vehículos ilegales ofreciendo una calca
de su organismo como su “defensor” ante Hacienda para que no les requisen la unidad motriz.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, (AMDA), está alertando que se trata de un posible fraude con base en que oficialmente no hay ninguna regularización de vehículos ilegales, añadiendo que San Luis Potosí, tienen un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que no solo impide la regularización de vehículos internados ilegalmente al país, sino que está signado el compromiso de no tolerar ese tipo de vehículos en el Estado: ¿será? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org
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