El exgobernador Rogelio Montemayor analiza en el bisemanario Espacio 4 (769) las estrategias de comunicación social y su impacto en la percepción pública, sin que los gobiernos federal, estatal y municipal cumplan siempre los mandatos constitucionales. En ese sentido, destaca la importancia de la información. “Un ciudadano puede tener diversos intereses y estar dispuesto a trabajar por ellos. Sin embargo, cuando se habla de causas ciudadanas por un partido, es necesario precisar las que requieren atención del poder político para hacer realidad lo que se busca. Por supuesto, con la corresponsabilidad ciudadana suficiente para no caer en paternalismo, que solo degrada a quien lo recibe y a quien lo da. Esta pregunta lleva a analizar las responsabilidades del poder político, encarnado en los gobiernos, con los ciudadanos y en general con la población.

»En México, tanto la Constitución de la República como las estatales, mandatan a quienes ejercen cargos a guiarse por dos grandes responsabilidades: una, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen; y dos, velar por el bienestar de la población y prosperidad del país. La primera implica que el Gobierno realice su mejor esfuerzo para propiciar que todos, incluida la propia Administración, acaten las leyes y se tenga la capacidad para castigar a quienes las infrinjan. La segunda exige, asimismo, que el Gobierno aplique su mejor esfuerzo para proveer los bienes y servicios necesarios para el constante mejoramiento (material, ambiental y social) de los mexicanos y la prosperidad de la nación. El grado de cumplimiento de estas obligaciones debería ser la principal métrica para evaluar a un Gobierno.

»En la práctica no sucede así. Hay muchas mediciones sobre el nivel de aprobación de los gobernadores. Pero su naturaleza es tal que, usualmente, resulta fácil de influenciar, según los recursos asignados —legal o ilegalmente— a la llamada ‘comunicación social’ y la eficacia de las políticas para manipular las percepciones de las diversas capas sociales. Hay gobernantes que destinan enormes sumas para su promoción personal y además son muy hábiles para modificar la imagen de su Administración y obtener altos índices de aprobación en las mediciones de las casas encuestadoras. Sin embargo, lo anterior no se refleja en dos de los mayores compromisos de un Gobierno: reducir la impunidad para garantizar la vigencia de la ley y la Constitución; y salvaguardar los derechos de los gobernados. Con respecto a la primera, no logran mejorar e incrementar el acceso a sistemas de salud y educación de calidad. Tampoco a la seguridad social, a una vivienda digna ni a los servicios inherentes; a la alimentación, a un medio ambiente limpio y a la oportunidad de recibir un mejor ingreso.

»Un ejemplo es el anterior Presidente, López Obrador, con una alta aprobación, pero con resultados pobres en las grandes responsabilidades del cargo. También hay infinidad de casos de gobernadores que logran una elevada aceptación, pero tampoco satisfacen las condiciones que la Constitución y las leyes asignan a los gobiernos federal, estatales y municipales. Esta reflexión lleva a identificar campos para la acción ciudadana. Uno, luchar porque haya más y mejor acceso a la información sobre indicadores que muestren si el ejercicio y la política de un gobernante popular ha permitido reducir la impunidad; y si sus políticas mejoran la calidad y cobertura de los servicios básicos y reducen las carencias que inciden en la pobreza.

»Actualmente sucede lo contrario: en todos los niveles de Gobierno, con pocas excepciones, el acceso de los ciudadanos a la información es cada vez más limitado. La eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y ahora la desaparición de Compranet, significa un terrible retroceso en el combate a la impunidad. También es lamentable la desaparición del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), que aportaba información confiable respecto de la evaluación de la política social.

»A escala local aún nos queda impulsar la permanencia de los institutos de acceso a la información, así como fortalecer y mejorar su eficacia. En Coahuila todavía existen casos de presunto abuso de poder público y corrupción sin ser suficientemente investigados y sin que los responsables sean llamados a cuenta. También falta mucho por hacer para elevar la calidad de la información disponible al ciudadano, que le permita evaluar el cumplimiento de una de las tareas principales asignadas por las leyes a quienes desempeñan el poder público: mirar en todo por el constante mejoramiento del bienestar general. Es decir, tener acceso oportuno a indicadores que muestren si realmente avanzamos en educación, salud, seguridad pública y en nuestro potencial de desarrollo. O si solo se trata de acciones de comunicación social eficaces para modificar la percepción de la sociedad”.