Toronto.-   La ONU quiere que Canadá investigue de forma rápida y exhaustiva las muertes de niños indígenas en antiguos internados gubernamentales y que inicie la búsqueda de fosas comunes en esas instituciones tras el descubrimiento de los restos de 215 niños en una antigua residencia escolar en el oeste del país.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Marta Hurtado, señaló en un comunicado  que los restos hallados deberían ser identificados y que Canadá necesita considerar “la compensación apropiada” para las víctimas de las llamadas residencias escolares.

El organismo de derechos humanos de la ONU, que dirige la chilena Michelle Bachelet, añadió que aunque el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha reconocido la actuación de Canadá y ha ofrecido “acciones concretas”, “el grado de la planeada respuesta todavía no está claro”.

“ Las autoridades canadienses, a todos los niveles, deberían asegurar rápidas y exhaustivas investigaciones de las muertes de niños indígenas y redoblar sus esfuerzos para encontrar los niños desaparecidos, incluida la búsqueda de fosas comunes”, dijo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hurtado añadió que el organismo “apoya las propuestas” de los líderes indígenas de Canadá para que Ottawa establezca “una entidad específica para proteger y gestionar los lugares de sepultura” y que el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Medpi) de la ONU “podría ser relevante” para proporcionar ayuda técnica.

Desde que el pasado viernes un grupo indígena del oeste de Canadá anunció el descubrimiento de una fosa común con los restos de 215 niños indígenas en la antigua residencia escolar de Kamloops, las autoridades canadienses han estado bajo presión para investigar las desapariciones de miles de niños en los internados gubernamentales.

De momento, la única medida la avanzó el miércoles el ministro de Servicios Indígenas, Marc Miller, que prometió la entrega urgente de 27 millones de dólares canadienses (22 millones de dólares estadounidenses), que habían sido anunciados en 2019, para la búsqueda de fosas comunes en los antiguos internados.

Aunque Miller solicitó ayer que el Papa se disculpe públicamente por el papel que jugó la Iglesia católica en el sistema de escuelas residenciales, el Gobierno canadiense ha resistido hasta el momento las demandas de que investigue las alrededor de 130 escuelas residenciales que implantó en todo el país para buscar los restos de miles de niños indígenas desaparecidos.

En 1890 Canadá estableció un sistema de internados por todo el país para forzar la asimilación de la población indígena.

Por esas residencias escolares, muchas de ellas gestionadas por organizaciones religiosas, pasaron entre 1890 y 1996, cuando el último internado cerró su puertas, alrededor del 30 % de la población infantil indígena, unas 150 mil personas.

En el caso de la residencia escolar de Kamloops, el internado estuvo gestionado por la Iglesia católica.

Lea también: Hallan los restos de 215 niños en un colegio de Canadá donde hubo un antiguo internado para indígenas

Los niños eran arrancados a la fuerza de sus familias por la Policía Montada de Canadá y otros funcionarios gubernamentales y trasladados a las residencias escolares que estaban situadas a centenares de kilómetros de sus comunidades origen.

En las escuelas residenciales, los niños fueron sometidos a abusos físicos, psicológicos y sexuales. En algunos casos, también sufrieron experimentos realizados por científicos gubernamentales.

Miles de niños desaparecieron de esas instituciones y en muchos casos, las familias nunca fueron notificadas ni de la desapariciones ni de las muertes que se produjeron en las residencias escolares.

En 2015, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá concluyó que el país norteamericano utilizó los internados como herramienta para cometer un “genocidio cultural” contra la población indígena del país.

En este sentido, Hurtado señaló que “los abusos históricos contra niños indígenas en instituciones de educación y sanitarias gestionadas por el Gobierno siguen afectando las vidas de las comunidades indígenas”.

“ Los impactos intergeneracionales que se derivan siguen siendo significantes, incluidos al nivel lingüístico, económico y cultural”, añadió.