El martes a puerta cerrada se celebró en un salón privado de Saltillo un acto sui géneris denominado “Diálogos” que como particularidad tuvo que nadie dialogó, sino que Morena impuso su mayoría mediante los representantes populares de Coahuila electos el pasado 2 de junio, y quienes llegaron de la Ciudad de México, como Monreal y Noroña, para organizar el evento.

Se trató, básicamente, de simular ser un foro para escuchar las razones a favor y en contra de la reforma judicial que se ventila desde el lunes posterior a la elección presidencial, en el momento que Obrador puso el tema en la agenda pública y, acto seguido, comprometió a Sheinbaum para respaldarla.

Llevamos dos meses inmersos en ese bucle y el objetivo de la andanada contra el tercero de los poderes del Estado, se ha dicho ya, es la politización de la justicia en el Poder Judicial de la Federación con miras a eventualmente cooptarlo por el Ejecutivo, y reproducir el modelo en las entidades federativas más adelante. Tan sencillo como eso.

Dentro de la iniciativa legal que, justo es decirlo, había sido presentada el 5 de febrero a propósito del aniversario de la Constitución (y revivió en tanto Morena y aliados reunió la mayoría legislativa en las cámaras para votarla durante la próxima Legislatura que inicia el 1 de septiembre sin moverle una coma), existen propuestas no tan populares que sin embargo afectan, como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para ejercer un control político sobre cualquier órgano, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No obstante la elección de jueces por voto popular y directo de los ciudadanos ha sido en lo que se ha centrado la narrativa, por tratarse de una medida problemática y polarizante a la vez.

Para dimensionar el despropósito, en lo que corresponde al estado, van algunos datos para ejemplificar la imposibilidad material de tramitar siquiera una elección.

En Coahuila existen ocho distritos judiciales: Acuña, Monclova, Parras de la Fuente, Río Grande, Región Carbonífera, San Pedro de las Colonias, Torreón y Saltillo. También existen juzgados por materia: civiles, familiares, letrados, mercantiles, mixtos y penales. Tres Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado: Civil y Familiar, Penal, y Regional, además de la Presidencia. Cuatro tribunales distritales, seis tribunales laborales, un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres, y Juzgados con Especialización Ambiental.

La suma de todos los cargos unipersonales que serían sometidos a votación, considerando hay 2 millones 410 mil 806 ciudadanos en la lista nominal estatal, supone una cantidad de boletas a imprimir que supera las de cualquier proceso electoral concurrente y por consecuencia cualquier presupuesto anual que se haya ejercido en el pasado por el IEC o el INE.

No sólo eso, cada hipotético votante tendría que ‘analizar’ propuestas de cientos de candidatos, hoja por hoja, y tardaría en llenarlas más de media hora en promedio, tomando como base 30 segundos por papeleta. No habría espacio físico suficiente para colocar urnas bastantes para cada cargo en los centros de votación.

Fácil: no hay manera.

 

 

Cortita y al pie

Y a lo anterior, que ya rebasa cualquier límite, faltaría agregar la estructura del Poder Judicial de la Federación en Coahuila que igualmente se votaría. Otro despropósito.

Por lo demás, este último ya goza de legitimidad y no proviene de la elección de sus juzgadores gracias al sufragio universal, como mañosamente se quiere implantar en la opinión pública, sino del sistema de ingreso a la carrera judicial, pues el funcionario que accede va progresando con el paso del tiempo desde órganos jurisdiccionales a cargos de mayor responsabilidad. Cuanto más asciende en la jerarquía el juez o magistrado, inevitablemente tendrá un contacto cada vez más intenso con asuntos políticos y presiones. Por ello la única manera de blindarse, es salvaguardar su propia independencia.

Además desde tiempos inmemoriales se ha comprobado que se trata de una mala idea. En la Constitución de 1787 en Estados Unidos ya se adoptó ese modelo inglés institucional: la figura de los jueces electivos.

“La legitimidad democrática en este caso parecía ser la regla, pero bajo esa apariencia se escondían no pocas disfunciones y patologías, que fueron aflorando con el paso del tiempo”, como relata Rafael Jiménez Asensio en el libro “¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa” (Debate, 2017).

“La competición electoral pronto mostró grandes limitaciones, no sólo temporales (los puestos se ejercían por tiempo limitado) sino especialmente funcionales. Nada acreditaba que los elegidos en procesos democráticos fueran personas “de buena conducta” y menos aún que tuviesen conocimientos jurídicos especializados y contrastados para ejercer sus funciones de forma adecuada. Pero mucho menos aún que fueran imparciales. La imparcialidad, principio estructural y existencial básico del Poder Judicial, no se podía garantizar en procesos electivos de jueces”, dice el autor.

“No se podía evitar en muchos casos que la política contaminara esas elecciones o, incluso peor, que la propia política capturara a tales jueces en el desarrollo ulterior de sus funciones. Nada impedía tampoco que, mediante esos procesos electivos, los intereses económicos interfiriesen la noble función de juzgar”.

Fue hasta 1940 que se ‘corrigió’ ese inconveniente, y entonces a través del Plan Missouri se creó una serie de filtros institucionales que cerraban el acceso a la judicatura electiva de aquellas personas que no acreditaran un perfil profesional y una conducta adecuada para ejercer tan importantes funciones. A su vez se impuso como paso previo una comisión encargada de evaluar qué candidatos acreditaban las exigencias para ser nombrados jueces.

Justo lo que acaba de proponer -aunque superficialmente, sin detallar la ruta- Morena en Saltillo el martes como modificación a la propuesta original de reforma.

Spoiler: tampoco funciona en Estados Unidos.

 

 

La última y nos vamos

Reitero: desde 1787 se probó su ineficacia en el vecino país del norte; hace 234 años. Y acá pretenden inventar el agua tibia y picarnos los ojos en 2024.