Siete años. Siete largos años han transcurrido desde que se creó la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila, con la publicación de un acuerdo en el Periódico Oficial, un 28 de julio de 2017.

Un mes después, el 28 de agosto de aquél año, tomó protesta del cargo Jesús Homero Flores Mier como único titular hasta el momento, quien el próximo miércoles cumplirá los siete años de haber sido designado por el Congreso. A partir del jueves, por tanto, queda vacante la posición.

“Vamos a ir tras todos esos delincuentes; no nos va a temblar la mano”, dijo en su día, al tomar posesión. Ajá.

Luego de un inicio meteórico, con 361 carpetas de investigación comenzadas en 2018, la tendencia fue a la baja en los años posteriores una vez logró estabilidad (o conformidad con el statu quo, según se vea), al punto de lograr solo una sentencia condenatoria en 758 casos abiertos, con corte al 12 de septiembre de 2022 (continúan activos, por no decir “congelados”).

Cualquier ciudadano medianamente politizado, informado de los asuntos públicos y la política local pensaría que, pese a todo, somos un estado de instituciones, con edificios de cantera, oficinas con emblemas, fotografías del líder en turno en las paredes, escritorios, computadoras y funcionarios uniformados que tramitan y resuelven cosas.

En esa normalidad burocrática, sin conocer a fondo estructuras orgánicas ni atribuciones legales, ese ciudadano medianamente politizado podría pensar que, además de repartir despensas y efectivo, los tres órdenes de Gobierno mantienen algún tipo de mecanismo de control para evitar en la medida de lo posible que se desborde la corrupción entre los suyos.

Cuál sería la sorpresa para ese hipotético habitante de Coahuila si supiera que uno de nuestros presuntos acicates en la entidad, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, con su logotipo de tres guadañas entreveradas en movimiento giratorio, como símbolo de que combaten algo, sirve para tres cosas y a juzgar por sus resultados, su actividad pública es completamente prescindible.

Durante la tercera Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, realizada en Saltillo en 2021 con representación de 26 entidades, acaso su momento de mayor trascendencia, hubo un rosario de justificaciones y excusas.

“Hay que esperar que madure esta institución para que se puedan tener casos”, dijo la Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos.

“No podemos medir la eficacia de las fiscalías anticorrupción con sentencias ejecutoriadas”, señaló por su parte Flores Mier, el Fiscal de la materia en Coahuila.

En este último caso, el de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado, si no fuera trágico sería cómico: por lo regular nadie termina sancionado pese a existir elementos técnicos que suponen responsabilidad. Es, en pocas palabras, una navaja sin filo. Una dentadura sin dientes. El petate del muerto.

Algunos tenían la expectativa de que, una vez expedidas las nuevas reglas el Sistema Nacional Anticorrupción, en 2016, cambiaría el proceder y particularmente los resultados de las dependencias vinculadas.

No sucedió. Desde que la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene vigencia, es decir, el 18 de julio de 2017, la Auditoría Superior del Estado ha iniciado “n” cantidad de procesos de investigación, también conocidos como expedientes de presunta responsabilidad administrativa, de los cuales casi la generalidad concluyen sin sanción y casi ninguno es turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, otro elefante blanco cuyo caso ha sido documentado en este mismo espacio (existe desde septiembre de 2017 y absorbe 55 millones de pesos en presupuesto al año en promedio).

Hay que decirlo con todas sus letras: simplemente simulan. Su existencia se reduce a la doctrina Laissez Faire: dejar hacer, dejar pasar. El Auditor no audita ni nadie audita al Auditor, y el Fiscal no fiscaliza ni nadie fiscaliza al Fiscal. Simular en Coahuila es forma de vida. Costumbre. Manía. Pasatiempo. Negocio. Todo a la vez.

Aunque justo es decirlo: no se trata de una situación exclusiva del estado, sino el denominador común en sus pares de las entidades federativas, salvo curiosas excepciones.

Cortita y al pie

Hasta hoy la bola de demolición que echó a andar el régimen destructivo no apunta en dirección del Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta de la Presidenta electa fue crear una “Agencia Federal Anticorrupción”, adscrita directamente a la oficina del Ejecutivo, misma que absorberá los recursos de la Secretaría de la Función Pública sin detallar cómo se coordinaría con la Fiscalía.

Ahora bien, ¿por qué no sirve la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción ni el Tribunal de Justicia Administrativa?, órganos rectores en la materia e integrantes del Sistema Anticorrupción.

Una posible respuesta, en palabras de la escritora Audre Lorde: “las herramientas del poder nunca servirán para desmantelar el poder”.

Se trata, básicamente, de justificar su existencia material y hacernos creer que sí son útiles como depósito de presupuesto. Convencernos, principalmente, de que la remuneración mensual de seis dígitos que recibe cada miembro de cada organismo, dependencia e institución autónoma que integra el “sistema” está plenamente desquitada.

La última y nos vamos

No se peca de radical, pero el tema es muy sencillo: si eliminamos el Sistema Estatal Anticorrupción de tajo ni siquiera lo notaríamos.

Nadie los extrañaría. El mundo seguiría su curso y otra vez saldría el sol al día siguiente. Así ahorraríamos millones de pesos al año, de los cuales el 75 por ciento se fuga en “servicios personales”.
La realidad es que no desalientan la corrupción a casi siete años de “funcionamiento” (por decirlo de alguna manera).

En su defensa dirán que no entendemos la función que desarrollan. Que sus atribuciones están mal entendidas. Que se trata de andamiaje, de construir redes, vinculación. Cualquier cosa que suene interesante e implique disfrazar de actividad académica lo que no tiene ni tendrá resultados concretos.

Si la solución no es quitarles autonomía ni presupuesto, y mucho menos desaparecerlos como haría la 4T, ¿qué hacemos entonces con él?