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La deuda pública de Coahuila, analizada desde el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)

Por Federico Muller

Hace 13 horas

Meras coincidencias. La historia de México tiene símiles curiosos y extrañas paradojas, sobre todo aquella parte que narra los acontecimientos que correspondieron a los gobiernos postrevolucionarios, cuyos protagonistas fueron los políticos y sus subordinados. Ambos fueron coahuilenses, presidentes municipales de sus respectivos terruños y gobernadores de Coahuila. El primero ocupó la Alcaldía de Cuatro Ciénegas (1894-1898), mientras que el segundo fue Presidente Municipal de Saltillo (2003-2005). Aunque, en forma asimétrica y por causas muy diferentes, aún así, los dos contribuyeron a la creación de leyes de este país. Al primer constitucionalista del país y oriundo del norte del estado, se le considera como el organizador de la Carta Magna de 1917, mientras al normalista se le atribuye el haber aportado su granito de arena en la creación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en 2016 (LDFEF y M). Antes de esa ley, el manejo de las finanzas públicas quedaba al arbitrio del Gobernador en turno de cada entidad federativa. Derivado de la LDFEF y M, la Secretaría de Hacienda utiliza tres indicadores, a manera de alerta, para conocer el impacto del endeudamiento estatal en la calidad de vida de los ciudadanos. 1) Deuda Pública y Obligaciones como proporción de los Ingresos de Libre Disposición, 2) Servicio de la Deuda Pública y de Obligaciones como Proporción de los Ingresos de Libre Disposición, y 3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas como proporción de los Ingresos Totales. A cada uno de los tres indicadores les fija rangos porcentuales, y en función de ellos, clasifica el endeudamiento en elevado, observación y sostenible.

 

Coahuila y su Deuda Pública

Si se revisan las cuentas públicas del Estado de 2017 a 2022, en el apartado de endeudamiento, se puede apreciar que la carga financiera durante seis años ha mantenido su mismo estatus: en observación, que significa que el resultado del indicador 1, es igual o menor a 200 por ciento. Esto es, que el monto de los pasivos puede llegar a ser hasta dos veces superior a los ingresos que recibe el erario estatal por concepto de participaciones federales, incluyendo los recursos captados por el propio Gobierno subnacional, descontándole los apoyos monetarios que transfiere a los municipios de la entidad. En buen castizo, si el Gobierno destinara todos sus dineros disponibles, que recibe en un año, sin pagar a policías, maestros, etcétera, no completaría para cubrir sus compromisos financieros contraídos con anterioridad.

 

Indicadores de la deuda

En otra perspectiva, en 2014 se debían 34 mil 861 millones de pesos, el saldo en el tercer trimestre de 2023 ascendió a 36 mil 291 millones de pesos. La deuda per cápita, era de 11 mil 916 pesos en 2014, y subió ligeramente a 11 mil 933 pesos en 2022. La deuda representaba 6.6% del PIB de Coahuila en 2014, mientras en el tercer trimestre de 2023 bajó a 4 por ciento. Aun así, la cifra es mayor al promedio nacional de 2.4 por ciento. En cuanto a la tasa promedio de interés que se pagaba, pasó de 6.1% a 12.3%, de 2014 al tercer trimestre de 2023 (fuente: Obligaciones Financieras del Estado de Coahuila. CEFP. 25-01-24). “De los plazos a los que Coahuila ha estado contratando sus financiamientos, el mayor de ellos corresponde a 2018, por 26 años, mientras que el plazo menor corresponde a 2014, por 16.2 años. El plazo de vencimiento al tercer trimestre de 2023 es de 21.8 años, superior al plazo promedio para el periodo de referencia de 21.4 años. Con relación al resto de las entidades federativas, Coahuila ocupa el primer sitio en este indicador, por encima de Nuevo León, cuyo vencimiento es de 19.9 años” (fuente: ídem, pág. 8) Hasta la fecha ninguna entidad federativa del país ha logrado expandir su endeudamiento en forma tan vertiginosa. 8 mil 508.2% de 2003 a 2013, con la sola excepción de Coahuila.

 

Las reestructuraciones de la deuda

Los indicadores expuestos muestran que después de más de 13 años de endeudamiento público, los pasivos no han disminuido, desde que fueron contratados, sino por el contrario aumentan a través del tiempo. Las reestructuraciones que se han hecho no han sido suficientes, generalmente se han orientado a prolongar los vencimientos de pago, y no han logrado renegociar con la banca múltiple tasas de interés menos leoninas, y para determinados montos crediticios réditos fijos. Un considerable monto de las participaciones del Gobierno federal, están ya comprometidas, antes de cualquier distribución que anteponga los interés de la población, sobre los de los banqueros. Cuatro de cada 10 pesos de ingresos disponibles van directamente al pago de los compromisos financieros, y poco abonan al principal. Por cierto, los prestamistas privados aportaron 66% del total de los créditos, el resto fue la banca de desarrollo.

 

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)

“Es un instrumento estadístico que cuantifica la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las Entidades Federativas”. Aunque, no es un índice oficial, generado por la SHCP, sino por una empresa privada, tiene reconocimiento y respaldo por su antigüedad, más de 19 años aplicándolo en la república, y porque informa al ciudadano del destino que se le dan a los recursos públicos. Coahuila, según el ITDIF publicado días después del primer semestre de 2024, tiene una trasparencia insuficiente, que no cumple con los estándares establecidos por el propio indicador. En los sitios de Internet que maneja el Gobierno coahuilense la información fiscal que ofrece es incompleta y el desempeño en el manejo de las finanzas es poco clara, particularmente en los acuerdos que se han alcanzado con la banca comercial en la contratación de los préstamos.

 

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