Se fue López Obrador de la presidencia, pero nos dejó la víbora chillando. Las tormentas y tensiones que sembró el expresidente, en su agitado fin de sexenio, siguen provocando la división y confrontación entre los poderes de la República y amenazan, incluso, con escalar hacia una crisis constitucional, apenas en la primera semana de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Porque la decisión que tomó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales, recibió una respuesta histérica de la 4T y del gobierno de la República, en donde reaccionaron con ataques, adjetivos y descalificaciones hacia la determinación que tomó la mayoría de 8 ministros de entrar a revisar el fondo de la constitucionalidad de la controvertida Reforma al Poder Judicial, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales.

A los argumentos y razonamientos jurídicos de los ministros Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynes Potisek, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se resumen en la facultad que tiene la Corte de analizar la Reforma Judicial para determinar si son constitucionales las nuevas disposiciones que interfieran con la autonomía y la independencia del Poder Judicial garantizadas en el artículo 17 de la Carta Magna, para lo cual ya hay precedentes y amparos, como el que suscribieron militantes y juristas de Morena como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal en el año 2014, les respondieron desde el oficialismo con ataques y acusaciones de “golpistas” contra los integrantes de la Corte.

Empezando por el presidenta Claudia Sheinbaum, que habló de un “golpe aguado” y sostuvo que no tienen sustento los argumentos y la decisión mayoritaria de la Corte, hasta los ataques del líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que dijo que “es una barbaridad constitucional” la que pretenden hacer los ministros porque, según él, no se puede revisar la constitucionalidad de una “reforma consumada”; para llegar al punto más bajo del debate con los dichos del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que les preguntó a los ministros “¿dónde estudiaron derecho?” porque, según él, la Constitución no dice que la Corte tenga facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional.

Por supuesto no faltaron dentro del mismo pleno de la Corte los duros señalamientos contra la decisión de revisar la Reforma obradorista, en voz de las tres ministras que votaron en contra. Yasmín Esquivel Mossa lanzó una pregunta acusatoria a sus compañeros ministros: “Me preocupa que estamos desconociendo el Poder Reformado de la Constitución; me preocupa darle trámite en un expediente si es constitucional o no una reforma. ¿Es preámbulo esto de un golpe de estado constitucional de derecho, la Corte quiere crear una crisis?”, se preguntó la ministra Esquivel. Lenia Batres dijo, por su parte, que “Si la Suprema Corte se arrogare facultades que no tiene, violaría el principio de Supremacía Constitucional, la división de Poderes y el Estado Constitucional de Derecho; la Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, Golpe de Estado”.

La reacción de la Presidenta, de Morena y de la 4T parece no sólo desproporcionada sino también autoritaria.

Porque si sus juristas, la presidenta Sheinbaum y las ministras afines tienen tan claro que la Corte no tiene facultades para revertir su cuestionada Reforma Judicial, ¿para qué entonces tantos adjetivos, descalificaciones y hasta acusaciones de golpismo cuando lo único que aprobaron los ministros es una “revisión y un análisis” sobre la constitucionalidad, que podría incluso ser resuelto a favor de su reforma, si como sostienen desde el oficialismo no les asiste la razón a los ministros.

Francamente tanta histeria y agresividad en las respuestas desde el Ejecutivo y el Legislativo a los ministros denotan cierta inseguridad y nerviosismo de que la Corte, que aún tiene plena vigencia constitucional, facultades plenas como tribunal que revisa y determina si una ley está o no apegada a la Constitución, pueda realizar un simple análisis. Porque claramente desde el oficialismo quisieran que los ministros y en general los jueces y magistrados a los que, literalmente, derrocaron con una Reforma para la que se aliaron los otros dos poderes para acabar con la autonomía del Poder Judicial, ya no hicieran nada y se resignaran a aceptar la imposición mayoritaria de Morena que no podrá ser implementada hasta septiembre de 2025, después de que se realicen las polémicas elecciones de los juzgadores federales; pero para berrinche de los oficialistas, para eso faltan todavía 11 meses durante los cuales la Suprema Corte y el Poder Judicial actual siguen plenamente vigentes y tienen res