Una mujer de 70 años que tomó la justicia en sus manos tras sufrir el despojo de su propiedad en Chalco, refleja una crisis de desconfianza hacia el sistema de justicia en México.

Justo cuando el país se apresta a consumar el experimento-capricho del expresidente y está demoliendo hasta los cimientos del Poder Judicial de la Federación que era el único contrapeso de la nueva mayoría política y gobernante, para dar paso a un nuevo poder cuya imparcialidad no se ve muy posible y más bien apunta a un sometimiento político e ideológico con el nuevo sistema de justicia, hay un caso que está cimbrando de nuevo a la sociedad y está destapando una cloaca que apesta a complicidad entre autoridades de nivel estatal y municipal y grupos delincuenciales que se dedican a invadir propiedades y despojar a sus legítimos dueños.

Se trata del caso de Carlota “N”, la mujer de 70 años en Chalco, Estado de México, que, cansada de esperar el apoyo de las autoridades y la aplicación de justicia, un día decidió tomar un arma y junto con sus hijos acudió a su casa invadida por tres sujetos que la ocuparon ilegalmente y con un arma escuadra les disparó a los tres, asesinando a dos de ellos y dejando herido al tercero.

El video grabado justo en el momento en el que la mujer ataca a los invasores que la habían despojado, se volvió viral en las redes sociales que, en su frivolidad, la llamaron en un principio “La Abuela Sicaria” y la volvieron tendencia.

Pero conforme fue fluyendo la información, el caso tomó un giro inesperado: la abuela que culpabilizaron en las redes sociales era en realidad una madre de familia que fue víctima de un despojo, de los muchos que ocurren en el Estado de México y en todo el país.

Y cuando ni las autoridades, a las que les pidió ayuda, ni la denuncia que hizo del delito que cometieron en su contra tres rufianes, le sirvió para sacar a los despojadores de su propiedad, Carlota decidió hacerse justicia por su propia mano y defendió su propiedad recurriendo a la violencia de las armas.

La tendencia viral comenzó entonces a cambiar. ¿Asesina o justiciera? Se comenzaron a preguntar las redes y los medios de comunicación que levantaron la noticia y comenzó entonces a cambiar la óptica sobre la acción y el camino que tomó la señora.

Muchos comenzaron a apoyarla y a considerarla una “mujer valiente” porque tuvo el valor de defender lo suyo ante el abuso y delito del que fue objeto; otros no avalaron el comportamiento de la mujer, argumentando que para eso están las leyes y el sistema penal y de justicia.

Ayer le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de un debate que ya encendía las redes y la prensa y medios electrónicos.

Esquiva y ambigua como sabe serlo cuando no quiere hablar de un tema.

“Presidenta, ¿qué significa para la política social de un Gobierno el ver que una mujer adulta mayor se atreva a asesinar a sangre fría a una persona, como lo que ocurrió en Chalco?”, le preguntó una periodista en la mañanera.
Seria, con el gesto adusto, la Presidenta, con “A” de Abuelita mujer y Adulta mayor, esquivó el bulto: “Pues hay que revisar exactamente. Está revisando la Fiscalía del Estado de México el caso y vamos a ver exactamente cuál es la situación de este delito o de esta situación que se presentó y vamos a esperar toda la información por parte de la Fiscalía y, entonces, pues daremos nuestra opinión para tener toda la información”.

La ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, evitó opinar sobre casos como el de Carlota “N”.

En su entrevista, Ortiz se rehusó a hacer comentarios sobre situaciones que pudieran llegar a su manos en el futuro, aludiendo a que no podría emitir juicio sobre estos casos hasta que tuviera que votar o dar sentencia sobre ellos.

En contraste, la gobernadora Delfina Gómez sí se pronunció sobre el problema, reconociendo la gravedad de las invasiones de propiedad y lamentando que la mujer no hubiera recibido apoyo a tiempo, aunque también apuntó que el Gobierno estaba trabajando en el tema.

El caso de Carlota refleja una crisis más amplia de desconfianza en el sistema de justicia y la seguridad en México, donde los ciudadanos, particularmente los más vulnerables, como los adultos mayores, a menudo se sienten desprotegidos ante la creciente inseguridad y la corrupción en las autoridades.

Aunque Carlota intentó denunciar el despojo de su propiedad, aseguró que no recibió ayuda, lo que la llevó a tomar medidas extremas. Con más de 28 mil carpetas de investigación por despojo en 2024 y un sistema de justicia colapsado, casos como el suyo no pueden ser vistos solo como un incidente aislado, sino como parte de un patrón más amplio de injusticia e impunidad que afecta a muchos ciudadanos en el país.