El jueves pasado en este mismo espacio se publicó que la negligencia criminal donde murieron 39 extranjeros bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez obedece a la corrupción sistemática de la 4T.

No se puede culpar al pasado. Y para demostrar la responsabilidad del  presente hay tres asuntos fundamentales del caso: las colchonetas, las cámaras de videovigilancia y la seguridad.

Las primeras, materia que causó la conflagración dentro del centro de repatriación humana, fueron adquiridas en dos partidas por el INM el año pasado. La primera el 17 de octubre y la segunda el 19 de diciembre de 2022. Entre ambas desembolsó 56 millones 224 mil 144 pesos a Home Focus, S.A. de C.V., un fabricante de telas de Lerma, Estado de México, a un precio unitario de mil 322 pesos (IVA incluido). No obstante, cotizadas al menudeo, no cuestan más de 322 pesos individualmente. Eso significa que pagó un sobreprecio estimado en 50 millones de pesos en la operación.

Las segundas, objeto cuya difusión causó indignación nacional, fueron ‘olvidadas’ por el INM en el contrato por 48 millones 469 mil 90 pesos para su “mantenimiento” que adjudicó el 25 de noviembre de 2022 a Servicios Integrales Sarpy, S.A. de C.V., persona moral domiciliada en Guasave, Sinaloa, creada en 2012 con el objeto de capturar… ¡camarón y tiburón!

Finalmente, la seguridad privada. Y aquí cabe señalar el antecedente de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa), S.A. de C.V., empresa de Elías Gerardo Valdés Cabrera, regiomontano que posee desde 2019 una patente de ‘Cónsul Honorario’ de Nicaragua en Saltillo.

Si bien fue contratada por el INM de 2019 a 2021 y entre sus obligaciones estuvo la custodia del inmueble defenestrado con sólo cuatro elementos, recibió 644 millones 863 mil pesos entre los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021. Del Gobierno federal en conjunto 4 mil 575 millones en tres años, utilizando un esquema de contratación que involucra sociedades factureras para desviar recursos. ¿A Nicaragua?

Y aquí viene lo interesante. Tangencialmente se dijo aquí también el jueves anterior que Operadora de Comedores Saludables, S.A. de C.V., de Cuernavaca, Morelos, entre 2019 y 2023 ha cobrado mil 17 millones de pesos al INM en “servicio de alimentos para personas extranjeras migrantes”.

Sin embargo las primeras diligencias emprendidas por el Ministerio Público (testimonios que constan en la carpeta de investigación 491/2023 de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República) consignan un contraste con la danza de los millones: el desabasto de agua y alimentos como la molestia que originó el conflicto. “No alcanzó la comida”.

Y la investigación periodística arroja otros contrastes. En documentos notariales, por ejemplo, la socia mayoritaria de la referida razón social es Gabriela Cabrales Acevedo, domiciliada en la Unidad Habitacional de Temixco, Morelos, una zona de alta marginación. En el domicilio fiscal de la empresa, no obstante, se hallan las oficinas del Corporativo Kosmos, también conocido como Corporativo Cosmopolitana, quien es materialmente prestador del servicio.

Jack Landsmanas Stern, heredero de la familia Landsmanas Dymensztejn de origen Lituano-Chileno que formó el negocio, es el Presidente del consorcio que agrupa las empresas La Cosmopolitana, Serel y KolTov, todas dedicadas a distribución masiva de alimentos procesados. Por sí mismo constituyó además 10 empresas en papel entre 2018 y 2022, mismo periodo en que ha recibido múltiples contratos millonarios del Gobierno Federal. Desde que Morena tomó el poder, justo es decirlo.

Cortita y al pie

Pero ahí no acaban las conexiones. El representante de la empresa Operadora de Comedores Saludables, Italo Javier Soto Jiménez, creó por su cuenta en 2018 la razón social Alaiapay, S.A. de C.V., para realizar actividades relacionadas con la transmisión de fondos al extranjero. La sociedad es compartida al 50% con Mohr World Consulting-Americas, S.A. de C.V., compañía de servicios financieros con sede en Miami, Florida, y presencia en Ciudad de México y Madrid, España; ésta última fundada por el guatemalteco Hugo Cuevas-Mohr, quien se autodenomina “experto en transferencias de dinero” así como creación de sociedades y redes de distribución. En específico pagos transfronterizos relacionados con remesas y migración.

Su otra socia con el 25% de las acciones, Berenice León Arrioja, por separado comparte sociedad con Salvador Velázquez Briseño en SVBL Advisors, S.A. de C.V., empresa constituida el 21 de julio de 2020.

Y aquí es donde la red se amplía, pues el mencionado Velázquez Briseño creó Invervel Consulting, S.A. de C.V., el 18 de septiembre de 2020, Peibo Fintech, S.A.P.I. de C.V., y Banpay México, S.A.P.I. de C.V., ambas en 2021, y Susadal, S.A.P.I. de C.V., el 7 de diciembre de 2022.

En el caso de “Banpay México” llama la atención su objeto social principal como empresa: asesoría financiera en gestión de fondos para proyectos de infraestructura, energía e inmobiliarios en México, y otros países. “Susadal”, por su parte, nació para participar en todo tipo de fondos de inversión, mediante sociedades civiles o mercantiles, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, sin limitación alguna.

La última y nos vamos

Por lo demás, ¿no le resulta por lo menos curioso que un proveedor de alimentos para migrantes favorecido por la 4T sea, al mismo tiempo, un conglomerado de transmisión de fondos al extranjero?

Sí, otro.