Seguridad
Por EFE
Publicado el jueves, 22 de agosto del 2024 a las 00:01
Ciudad de México – A casi 14 años de la masacre que dejó 72 migrantes muertos en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, noreste de México, atribuida al cártel de Los Zetas, 11 sicarios fueron condenados cada uno a 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos constituyeron uno de los episodios más violentos de la historia migratoria en México, con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres provenientes de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil.
La matanza fue atribuida al cártel de Los Zetas, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noroeste de México, y ocurrió entre el 22 y 23 de agosto de 2010, dejando como saldo 72 migrantes sin vida.
Un año después, en 2011 se hallaron decenas de cuerpos sepultados en fosas clandestinas en el mismo lugar, hasta alcanzar un total de 177 víctimas, de los cuales 122 casos quedaron bajo investigación de la Fiscalía mexicana.
En un comunicado, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, indico que obtuvo del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales con residencia en ciudad Matamoros “sentencia condenatoria en contra de 11 personas por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado”.
Recordó que en abril de 2012 se inició la indagatoria en contra de 11 sicarios, responsables del delito de homicidio calificado en agravio de 122 personas, quienes fueron bajadas en San Fernando, Tamaulipas de los autobuses en los que viajaban, y posteriormente encontradas en diversas fosas clandestinas.
Luego, en febrero de 2015, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron orden de aprehensión por reclusión en contra de seis de ellos al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 3 Noroeste, mientras que en 2017, ejecutaron el mandamiento judicial por reclusión en contra de otros cinco reclusos, quienes se encontraban internos en diferentes Centros Federales.
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