Ciudad de México.- Con el propósito de obtener información bancaria de Suiza y Alemania, dos jueces federales ampliaron por otros 30 días el plazo de investigación complementaria en los dos procesos abiertos a Emilio Lozoya por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Artemio Zúñiga Mendoza y José Rogelio Alanís García, jueces de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, acordaron aplazar para la segunda y la tercera semanas de agosto la fecha límite para que las partes recaben datos de prueba.

Con esta prórroga, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) cumplirá un año sin haber superado la primera etapa procesal en sus procedimientos, ya que fue vinculado a proceso el 28 y 29 de julio de 2020 y desde entonces ambos casos continúan en el periodo de investigación complementaria.

Esta es la cuarta vez que Lozoya pide ampliar el plazo para reunir los datos de prueba en ambos procesos, pues en julio de 2020 pidió seis meses; en enero pasado, otros tres meses; en abril, tres más y ahora otros 30 días.

Autoridades judiciales confirmaron que la defensa del ex director de Pemex, encabezada por Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, pidió la prórroga en ambos procedimientos.

Argumentaron que la finalidad es obtener un contrato original firmado en un banco de Suiza, relacionado con los depósitos de Odebrecht, y los estados de cuenta originales de unas transferencias que hizo Lozoya desde Munich, Alemania.

La defensa también expuso la necesidad de ampliar el plazo porque aún debe avanzar en la negociación del criterio oportunidad, un beneficio que consiste en colaborar con información en las investigaciones de la autoridad ministerial, a cambio de la inmunidad penal.

En este caso, el ex funcionario negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) la extensión de este beneficio para su madre Gilda Margarita Austin y Solís, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y su esposa Marielle Hélene Eckes, la primera de ellas procesada por lavado y las otras dos prófugas de la justicia por el mismo delito.

Lo que Lozoya ha ofrecido a la FGR, para tratar de salir de sus problemas legales, es evidenciar el presunto funcionamiento de un “aparato organizado de poder” que, desde las más altas estructuras del Gobierno, instrumentó una estrategia generalizada de corrupción y abuso de poder durante la gestión de Enrique Peña Nieto.

A través del criterio de oportunidad, pretende en principio la suspensión condicional de los procesos, la misma figura legal bajo la que salió de la cárcel Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pero que no significa un desistimiento de la imputación.

Esto sólo paralizaría el trámite de los procesos por el tiempo que estime la FGR.

La extinción de la acción penal, es decir, la cancelación absoluta de los procesos, ocurriría hasta que Lozoya reparara el daño que le atribuyen por sus delitos y declarara en un juicio contra los personajes que denunció por recibir sobornos para aprobar la reforma energética.

Por ahora, el único que ha sido procesado por sus acusaciones y contra el que podría declarar es el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, pero su juicio difícilmente se llevará a cabo en el presente año.

En el proceso del caso Odebrecht, a Lozoya le imputan recibir sobornos de 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de los contratos de la Refinería de Tula, mientras que en el Caso Agronitrogenados la imputación es cobrar un soborno de 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a AHMSA la planta “chatarra” del complejo de Pajaritos, en Veracruz.