“Todos los derechos asegurados para los ciudadanos por la Constitución no valen nada, son una simple burbuja, si no son garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso”.
Andrew Jackson

El presidente López Obrador y sus incondicionales han argumentado que la reforma judicial permitirá tener mejores jueces porque serán electos por el pueblo bueno.

Para lo único que sirven los actuales, dicen, es para liberar a delincuentes. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha declarado que la reforma es “decisión del pueblo” y permite tener un México “libre, independiente, soberano y democrático”.

La verdad, sin embargo, es que sólo hay dos razones para la reforma: permitirle a AMLO una venganza personal contra los jueces que le salieron “con el cuento de que la ley es la ley” y construir un nuevo poder judicial supeditado al Ejecutivo.

Ningún abogado independiente podrá simplemente postularse para ser juez. Sólo se considerarán las listas de candidatos oficiales. El Poder Ejecutivo presentará los suyos, 100% leales al Gobierno, como la ministra Lenia Batres.

El Legislativo, hoy bajo control absoluto del Ejecutivo, publicará otra, también de incondicionales. El Poder Judicial, con creciente presencia de militantes de Morena, dará a conocer una lista adicional. Cuando menos dos terceras partes de los candidatos serán soldados del Gobierno.

Los requisitos son muy bajos: tener una licenciatura en Derecho, con 8 de promedio y 9 en “materias relacionadas con el cargo”, que no se especifican. Será igualmente válida una licenciatura de la UNAM que una del Centro Universitario Cúspide.

Los candidatos tendrán que “gozar de buena reputación” y no haber sido condenado por “delito doloso” con “sanción privativa de la libertad”. Deberán presentar un ensayo de tres cuartillas para justificar su postulación y remitir cinco cartas de referencia, que pueden ser de colegas, vecinos o de cualquier persona. Será más difícil entrar a una buena universidad que conseguir un puesto de juez, magistrado o ministro.

Serán tantos los candidatos, 10 mil 815 para elegir a mil 481 juzgadores sólo en 2025, según cálculos del exconsejero electoral Mauricio Merino, que el pueblo bueno y sabio no tendrá forma sensata de elegir.

Además, a los aspirantes no se les permitirá hacer campaña. El pueblo tendrá que conocer a los candidatos por ósmosis o por un insuficiente tiempo de radio y TV.

El abstencionismo será enorme, especialmente porque los nombres de los candidatos tendrán que ser escritos completos a mano en las boletas, pero la falta de interés facilitará que la maquinaria política del Gobierno obtenga los resultados que se le pidan movilizando a un número pequeño de simpatizantes.

El arma más poderosa para supeditar a los jueces será el nuevo Tribunal de Disciplina. Este se integrará por cinco magistrados, igualmente cercanos al régimen, que podrán investigar y sancionar a los jueces por “faltas graves” o delitos, o por “omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine”. Totalmente subjetivo.

El Tribunal podrá sancionar, incluso con cárcel, a los juzgadores que se salgan del redil. Por otra parte, “las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables”. Los jueces no tendrán derecho de réplica o de defensa. No hay ninguna intención de mejorar la justicia o de eliminar la corrupción. El único propósito es tener jueces con absoluta obediencia al Gobierno. Es el fin de la división de poderes y de la independencia judicial.

García Luna

El exsecretario de seguridad Genaro García Luna ha dicho que “es de conocimiento público y está en los registros federales de México y EU” que ha habido contactos del narco con el presidente López Obrador y sus operadores. Dice, además, que rechazó ser testigo protegido y que los fiscales en su caso no presentaron “una sola prueba o evidencia” en su contra. La carta no aporta pruebas, pero no se puede descartar en automático.