Los manifestantes estaban encabezados por el grupo extremista Facción Jerusalén, según la prensa local.
“ La autopista 4, desde el cruce de Alof Sde hasta el cruce de Am Moshavat, está cerrada al tráfico en ambas direcciones debido a una protesta que tiene lugar allí”, informó la policía israelí a través de sus redes sociales.
El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el viernes la emisión de 7 mil órdenes de reclutamiento, explicando que esta decisión ya había sido autorizada por su predecesor, Yoav Gallant, un día antes de su destitución el pasado 5 de noviembre.
Así fue la protesta:
👉 Israeli forces assaulted a group of Ultra-Orthodox Jews who were protesting against the military draft in the town of Bnei Brak east of Tel Aviv. pic.twitter.com/FvQlSTp4cS
— News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) November 17, 2024
“ Katz declaró que su intención es “mantener un diálogo profundo con todas las partes para avanzar hacia una solución consensuada que permita una verdadera integración de los ultraortodoxos en el Ejército y alivie la carga de los soldados reclutados, de carrera y de reserva”.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, había mostrado reticencias a aplicar esta medida, rechazada por los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT), cuyo apoyo es clave para que el mandatario pueda mantener su coalición de gobierno.
Los ultraortodoxos se abrazaban hasta hace meses a una exención militar dirigida a quienes estudian tiempo completo en yeshivás (escuelas talmúdicas), la cual no era una ley, sino una disposición ejecutiva renovada periódicamente desde el nacimiento del estado de Israel.
El 25 de junio, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó unánimemente que no existe base legal para la exención militar de este grupo religioso. La decisión se produjo en un clima creciente de reproches entre la sociedad hacia esta comunidad, que no estaba siendo reclutada de la misma forma para ir a la guerra en Gaza y, después, en Líbano.
El Supremo estableció además que, si no sirven en el Ejército, tampoco deben recibir subvenciones educativas ni sociales financiadas con fondos públicos.