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Por Agencia Reforma
Publicado el martes, 21 de enero del 2025 a las 23:55
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó este martes ante una juez federal a Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, ex director de la Cooperativa La Cruz Azul, de haber comprado facturas falsas por un monto de 91 millones 780 mil pesos.
Desde el Penal del Altiplano, el ex directivo compareció a esta audiencia inicial ante la juez de control Yuridia Bello Camacho, del Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes, a través del sistema de videoconferencia.
Álvarez se reservó su derecho a declarar y solicitó un plazo de 72 horas para que se defina su situación jurídica, por lo que será el próximo viernes cuando se determine si es vinculado a proceso por el delito de compra de facturas falsas.
Allegados al caso confirmaron que la Policía Federal Ministerial de la FGR cumplimentó este martes dicho mandato de captura en el interior del Altiplano, en Almoloya de Juárez, y poco después celebraron la audiencia de imputación.
La nueva aprehensión fue librada el 4 de junio pasado con base en la carpeta de Investigación FED/AGS/AGS/0000613/2023, judicializada por la Fiscalía en Aguascalientes.
La información proporcionada señala que en esta nueva causa penal, registrada con el número 294/2023, se le imputa un delito que el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación castiga con 2 a con 9 años de prisión.
El ilícito consiste en haber adquirido comprobantes fiscales falsos por un monto de 91 millones 780 mil pesos, es decir, comprar facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como “factureras”.
Lo anterior, con el propósito de simular un aumento en los gastos de operación para pagar menos impuestos, en esta caso, en detrimento del estado de Aguascalientes.
Álvarez Cuevas fue detenido el pasado jueves en el Pedregal, en el sur de la Ciudad de México, con base en una orden de aprehensión que fue librada en su contra el 29 de julio de 2020 por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En ese asunto, el primero que fue judicializado en su contra, le imputan haber desviado más de 114 millones de pesos de la cooperativa y haberlos lavado en 7 empresas “factureras”. Este miércoles un juez federal de Almoloya de Juárez determinará si lo vincula o no a proceso por dicho expediente.
Adicionalmente, tiene pendiente otra orden de aprehensión del fuero común en la CDMX, girada el 24 de agosto de 2020, por una supuesta administración fraudulenta de 2 mil 257.4 millones de pesos. Por ahora, se conocen estas tres imputaciones penales en su contra.
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