El triunfo constitucional y político que obtuvo la presidenta Claudia Sheinbaum y la mayoría de Morena en el Congreso esta semana, al romper la mayoría de los ministros que pretendía invalidar su Reforma Judicial y confirmar así la plena vigencia de los drásticos cambios al Poder Judicial federal, representó sin duda un logro que le permitió celebrar al oficialismo, por todo lo alto, la consumación total del nuevo modelo de justicia que se propone instaurar como parte del actual régimen político.

Y aunque a nivel interno ya no hay nada que impida avanzar hacia la creación del nuevo Poder Judicial conformado por jueces, magistrados y ministros que serán electos por el voto popular, hay un posible dique que aún podría enfrentar la controvertida reforma judicial que, aún siendo totalmente constitucional de acuerdo con las leyes mexicanas, podría ser cuestionada o incluso impugnada desde el exterior por contravenir o afectar tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México.

Uno de esos diques, nos dicen, podría venir directamente de la presidencia de los Estados Unidos, que encabezará por segunda ocasión el magnate Donald Trump. Fuentes cercanas al equipo de campaña del ya presidente electo de la Unión Americana, aseguran que el tema de la reforma judicial mexicana y la elección de jueces mediante voto popular es algo que ya está en el radar de Trump y de sus asesores, que están revisando detenidamente el contenido de dicha reforma, para utilizarlo como un argumento para cuestionar la vigencia y continuidad del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá, el T-MEC.

En el equipo trumpista ya analizan detalladamente las implicaciones que tendrá la elección de jueces y la posible contaminación política e ideológica que tendrá el nuevo Poder Judicial mexicano, cuya autonomía e independencia, además de profesionalismo y capacidad, son una condición de la que depende la certeza legal para las inversiones estadounidenses en el marco del T-MEC.

Del lado mexicano, en el Gobierno de la doctora Sheinbaum tienen muy clara la defensa que harán, en ese y otros temas, ante la agresiva y amenazante retórica de Trump, y el argumento central en la defensa de los intereses de México, que encabezarán la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, será la “soberanía” de los mexicanos para reformar sus leyes e instituciones, algo que no se piensa someter a la opinión de gobiernos extranjeros o tratados internacionales de cualquier tipo.

Y aunque hay que reconocer que ese mensaje de la Presidenta, junto con la llamada telefónica del jueves con el presidente electo de Estados Unidos cumplieron su objetivo y lograron apuntalar y detener la caída del peso mexicano, que se recuperó de las pérdidas que había sufrido en vísperas de los comicios estadunidenses, la incertidumbre sobre cómo actuará Trump en la relación con México y la reiteración que hizo el magnate de amenazas como la de “cerrar la frontera común” en cuanto tome posesión del Gobierno, mantienen aún la duda de si el optimismo y el discurso del “no pasa nada”, le alcanzarán a la administración Sheinbaum para enfrentar al agresivo proteccionismo que viene desde Washington.

¿Podría Donald Trump incluir en sus fuertes presiones a México el rechazo a la Reforma Judicial mexicana, además del tema migratorio, el combate al fentanilo y a los cárteles mexicanos, la próxima revisión y posible cancelación del T-MEC y para colmo las amenazas de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas? Todo indica que así será. Veremos si la defensa de la soberanía y la independencia de los mexicanos para tomar sus propias decisiones le es suficiente al Gobierno de Claudia Sheinbaum para brincar el que podría ser el último dique para la cuestionada, dudosa e ideologizada Reforma que modificará radicalmente al Poder Judicial mexicano.