En la superficie parece una buena idea: atraer inversiones extranjeras que andan volando (o especulando, según se vea), buscando donde planear y establecer su nido (de preferencia cerca de los Estados Unidos), sin ningún tipo de apego con el territorio, a cambio de miles de vacantes laborales (en el mejor de los casos) que generará su proceso industrial entre la “mano de obra” local (no entre la sociedad, ojo con el término utilizado para referirse a la población).

Le llaman “nearshoring”, es la palabra de moda, y los grupos de poder le apuestan todas las fichas en este momento como si no existiesen alternativas económicas, viviésemos en la era del pensamiento único, o hubiese unanimidad en torno al tema.

Sin embargo, las piezas del juego no embonan como parece. Esa comunidad que recibe a los inversionistas (capitales golondrinos, a la larga) no tiene necesidad imperiosa de un empleo formal, ya que hay suficiente y a niveles por encima de la media nacional; incluso encabezando el ranking en ese rubro.

No se tome lo siguiente como una idea preconcebida y carente de rigor, similar a quien profesa que “quien es pobre lo es porque quiere”, pero en la Región Sureste de Coahuila quien no tiene un empleo formal, es prácticamente porque no lo desea ni lo busca, ya que también se puede ser “outsider” en ese contexto industrial o ser autónomo; no todo mundo está obligado a trabajar ni a producir un salario. El nihilismo es otra forma de vida.

Es entonces cuando se ponen nerviosos los capitanes del negocio, y atentan contra el interés general a costa de mantener el ritmo de producción en su esfera de interés. A propósito de lo anterior, el martes el director general de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles, declaró ante los medios que la Región presenta un déficit de 15 mil a 20 mil trabajadores vacantes, y que como gremio se plantean como solución “captar capital humano proveniente de las deportaciones masivas que amenazan con implementarse desde EU bajo la inminente Administración de Donald Trump”.

De tener eco su confesión (o pensamiento en voz alta), pasaríamos de buscar exhaustivamente migrantes del sur del país, a “scoutear” (pepenar, es un verbo más adecuado) entre los migrantes (de Centroamérica y el Caribe mayoritariamente) rechazados por el vecino.

El objetivo es dotar ‘carne de cañón’ a un gigante invisible que les engulle, para mitigar temporalmente los problemas que aquejan a la industria: rotación, ausentismo, adicciones, entre otros trastornos, pues los operarios no son máquinas destinadas a sobrevivir simplemente; tienen por igual una historia personal, acusan el cansancio y agobio como cualquiera.

Es del dominio público que ya no hay gente para trabajar en el corredor Saltillo-Ramos Arizpe (pese a la migración con ese fin de las regiones Centro y Laguna, a últimas fechas fomentada), por tanto hay que traerla de otras latitudes. Y antes de que las nuevas factorías lleguen del exterior

–literalmente– a predicar en el desierto, sindicatos y cámaras regionales se sienten obligados a proporcionarles la “mano de obra” a como dé lugar (¿es necesario que sea siempre así?).

De entrada, el tema supone una pregunta: para qué se establecen los asiáticos donde no hay

–entiéndase así– la materia prima de su engranaje: trabajadores. ¿No existe un estudio previo que los oriente, es el capitalismo descarnado lo que predomina, o hay contubernio (facilidades, le llaman) con las autoridades locales?

En el fondo el modelo económico no se sostiene: reclutar potenciales obreros por miles valiéndose de las condiciones de pobreza en su suelo nativo, para trabajar en las fábricas establecidas recientemente por cientos en el norte (debido a la frontera con el cliente más grande), financiadas por capital internacional y con dividendos que no se quedan en el país, para que al final del ciclo colapsen con su llegada la calidad de vida de los nativos que se cuentan por millones (y que no dependen de dichas actividades).

El fenómeno tiene consecuencias directas para los previamente asentados en el territorio: encarecimiento de alquileres y vivienda debido a la especulación inmobiliaria, y presión adicional, no natural, al ecosistema (escasez de agua, contaminación ambiental y deforestación, por citar algunos ejemplos).

¿Aportar un valor adicional al Producto Interno Bruto del estado (que no se traduce a una sustancial captación mayor de impuestos ni mejor reparto de participaciones federales) justifica romper el orden social y la idiosincrasia de una Región?

¿En verdad los foráneos enriquecen con sus costumbres el medio al que llegan de forma masiva y descontrolada, la mayoría de las veces en diáspora junto a sus familias? ¿Tiene tiempo y oportunidad un obrero, el cual rotará horarios eventualmente y sin previo aviso, para aportar algo más a esa comunidad que parte de su sueldo en servicios básicos y satisfactores primarios que, por lo regular, no recalan en el comercio local sino en franquicias? ¿Hay para ellos movilidad social, o están destinados a permanecer atados a ese círculo vicioso al que son insertados de manera artificial?

Para un Gobierno estatal o municipal es muy fácil repetir la fórmula: invitan asiáticos, pactan con ellos, colocan la primera piedra de un bodegón en medio de la nada, cortan el listón inaugural, presumen la fotografía y a lo que sigue. Enjuague y repita. Actividades para llenar un informe anual de resultados.

Y aquí llegamos al quid de la cuestión: ¿alguien toma en cuenta las consecuencias sociales, culturales, de seguridad, educativas, ambientales y urbanas que ocasionará el fenómeno?

No se ven políticas públicas a corto, mediano y largo plazo diseñadas para ello.

Cortita y al pie

La cadena se reduce a un asunto de incentivos para los agentes externos; en el caso de unos, para trasladar su maquila hasta la frontera más próxima de su hipotético socio comercial; y en el de otros, para dejar su terruño e ir en pos de las plazas a ofertar en ésa línea de producción.

Y para los residentes permanentes, mayoritarios en esa secuencia, ¿dónde quedan los estímulos?

No se trata de xenofobia ni clasismo, pero, ¿estamos seguros de que el nearshoring mejora las condiciones de vida, o las empeora paulatinamente? ¿A quién conviene?

La última y nos vamos

El nearshoring en la Región Sureste de Coahuila es un espejismo de desarrollo. Una ilusión óptica de progreso económico. ¿Quién gana en esa ecuación, además de los ‘parqueros’ (poseedores de tierras baratas a las que posteriormente cambian el uso de suelo para instalar ahí ‘parques’ industriales) y transportistas de personal vinculados a la cadena de negocio?

Por ello pagarse un viaje a Roma con sus propios recursos, incluso patrocinarlo por completo para una delegación, en ese contexto de intereses es –dirían en Italia– “peccata minuta” comparado con lo que obtienen a cambio.