Ciudad de México.- El Gobierno federal se dispone a oficializar la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), órgano descentralizado creado en 2019 por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción de la pasada Administración.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el proyecto de decreto para la desincorporación de Segalmex, que será fusionada en Diconsa, paraestatal que también está adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La fusión deberá concretarse en un plazo máximo de dos años, luego de que fue aprobada este martes por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado esta medida desde septiembre. Su decreto no menciona los escándalos que provocaron procesos penales y caos administrativo en Segalmex, prácticamente desde su creación.

“ Con el fin de contribuir a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del País, es necesario que se fusionen las atribuciones y facultades de Segalmex con Diconsa.

“ Así mejorarán las condiciones económicas, al disminuir gastos administrativos y presupuestarios. Segalmex y Diconsa comparten el mismo cuerpo directivo, que comprende directores, gerentes y subgerentes que atienden las actividades y responsabilidades de las entidades mencionadas”, indica el documento.

Sheinbaum también había anunciado la creación de Alimentación para el Bienestar, que derivaría de la fusión entre Segalmex y Diconsa, pero el decreto no se refiere a este tema.

A estas alturas, Segalmex ya solamente tiene 132 empleados, por más de cuatro mil de Diconsa, pero todavía tiene asignados 12 mil 500 millones de pesos en el presupuesto de 2025 para pagar precios de garantía a los productores.

López Obrador creó Segalmex con la idea de retomar atribuciones que tuvo Conasupo durante los gobiernos priistas, en materia de reparto de subsidios para productores agrícolas nacionales.

Pero el manejo administrativo del órgano, que se puso en manos de Ignacio Ovalle, fue un desastre que llevó a desvíos e irregularidades por unos 15 mil millones de pesos, así como múltiples acusaciones penales, aunque no contra Ovalle, quien fue director de Conasupo en el sexenio de Carlos Salinas.

Desde abril de 2022, la justicia federal ha girado 56 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en los desfalcos a Segalmex, pero a finales de 2024 únicamente había diez personas en prisión.

Del total de implicados, 34 personas fueron imputadas ante un juez, y cinco se convirtieron en testigos colaboradores.