Seúl.- Los miles de globos con basura que Corea del Norte ha enviado al Sur desde mayo han interrumpido las operaciones del aeropuerto internacional de Incheon, el principal del país, en doce ocasiones, según informó hoy un parlamentario surcoreano.
El diputado Yang Bu-nam, del opositor y liberal Partido Demócrata (PD), explicó este martes a medios locales que el envío de estos globos ha obligado a cerrar las pistas del aeropuerto de Incheon, que da servicio a la cercana Seúl, durante 265 minutos en total (casi cinco horas), según datos de la Administración Regional de Aviación de Seúl.

La primera interrupción de operaciones se produjo el pasado 1 de junio, cuatro días después de que Pionyang realizara su primer envío de globos con desechos, y la más larga se produjo el 26 de junio, cuando las pistas interrumpieron operaciones en ocho ocasiones, lo que implicó que ese día ningún avión puedo despegar o aterrizar en Incheon durante 166 minutos.

Desde mayo Pionyang ha enviado unos 3.600 globos llenos de basura en protesta por los folletos de propaganda contrarios al régimen que frecuentemente envían a su vez activistas desde Corea del Sur.

Yang subrayó hoy la necesidad de que el Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol acabe con este círculo vicioso para que los globos norcoreanos no afecten a la seguridad aérea en el Sur ni a la vida diaria de los surcoreanos.

El anterior Gobierno liberal surcoreano prohibió las actividades de estos grupos de activistas, integrados por desertores norcoreanos, en 2020 con una ley que castigaba los envíos con una multa de hasta 30 millones de wones (unos 21.670 dólares) o una pena de hasta 3 años.

La ley buscaba proteger a los surcoreanos que residen en zonas fronterizas, ya que en el pasado Pionyang llegó a responder con disparos a estas sueltas de globos, aunque muchos acusaron entonces al Ejecutivo de Moon Jae-in de plegarse a los deseos de Pionyang de cara a mantener vivo un diálogo transfronterizo que hoy ya está completamente roto.

En todo caso, el Tribunal Constitucional tumbó la norma en 2023, afirmando que coarta el derecho a la libertad de expresión.