A finales del verano pasado, llegaron a Sinaloa investigadores de la Fiscalía General de la República. Encontraron que la historia que contó Ismael “El Mayo” Zambada parecía real: en una casa relacionada con la familia del traficante, en Culiacán, había indicios de un incidente violento.

La versión de la fiscalía estatal, que explicaría el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa, en un asalto no cuadraba.

En las últimas semanas, llegaron a Culiacán agentes al mando de Omar García Harfuch para investigar la violencia de los últimos meses.

Al regresar a Ciudad de México, me confiaron fuentes federales, tanto desde la fiscalía como desde el equipo de Harfuch se dijeron convencidos de que debe investigarse al gobernador Rubén Rocha.

Y lo han hecho. En los últimos meses, agentes federales han investigado a Rocha, discretamente. Desde Hacienda, no han pedido informes a los bancos sobre las finanzas del Gobernador y su familia.

En cambio, han hecho un trabajo de campo de bajo perfil, han buscado informantes en su círculo cercano y han rastreado comunicaciones. Rocha ha dicho que nadie lo investiga, que son “inventos”.

Sin embargo, dos fuentes, con acceso a los datos que se han recopilado, me dijeron que la investigación existe y que nada se ha movido fuera de un estrecho sigilo institucional porque los investigadores esperan una decisión política sobre cómo proceder.

Hace unos días, me dijo una fuente que solicitó anonimato, desde Palacio Nacional instruyeron que se debía esperar. Primero, el gobierno federal iría por otros políticos con investigaciones de corrupción, como un exgobernador. Y luego, decidirían sobre Rocha Moya.

Mientras tanto, en Sinaloa, muchas personas salieron a la calle a protestar, gritando ¡fuera Rocha! y exigiendo la renuncia del Gobernador. Para Claudia Sheinbaum, la decisión de hacer pública una indagatoria federal contra Rocha no es fácil.

Implicaría un escrutinio a su propio partido y abriría una caja de Pandora: el cuestionamiento de si hubo dinero de algún cártel en la campaña de Rocha o en otras, incluida la federal en 2024.

Pero mantener a Rocha mientras avanza la investigación tampoco parece una opción sencilla. Por un lado, mientras continúe la indagatoria, más datos pueden confirmar nexos criminales.

Y por otro, cada día de crisis de seguridad en Sinaloa aumenta el descontento popular. “(En Sinaloa) todo el mundo procura no salir después de las seis de la tarde”, me dijo un empresario local. “La gente que iba a yoga, a cenar, que llevaba a los niños al parque, ya no lo hace”.

Esto ha derivado en una pérdida de más de 18 mil millones de pesos y el cierre de más de cien empresas, según Coparmex. En los últimos meses, como ha reportado profusamente la prensa allí, han cerrado negocios, muchos empresarios no pueden pagar sus rentas, se han detenido inversiones y han dejado de pagarse cuotas al IMSS.

Y la violencia continúa. México Evalúa reportó que, en los primeros 100 días de la administración Sheinbaum, Sinaloa fue el estado con más operaciones de decomisos de armas y drogas, y más enfrentamientos entre criminales y con las autoridades.

Es el estado con más homicidios después de Guanajuato y Guerrero.

El momento de esta crisis coincide también con la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por el Gobierno de EU.

Este lunes, el Departamento de Estado de EU debe recomendar cuáles grupos serán designados como Organización Terrorista Extranjera. El cártel de Sinaloa sería una de ellas y el Departamento de Defensa llevará a Trump opciones militares u operaciones encubiertas.

Si sucede, cualquier indicio de colaboración con el grupo criminal, o de operaciones con dinero de sus actividades, tendrá una consecuencia mucho más grave.

Desde EU, las investigaciones más recientes sobre Sinaloa muestran cómo se usan empresas locales, desde farmacias hasta inmobiliarias, para lavar el dinero que regresa a México desde EU por la venta de droga.

Los decomisos han aumentado, pero muchos negocios, como pude confirmar, siguen operando después de las alertas desde EU.

En la negociación del Gobierno de Sheinbaum con Donald Trump por aranceles, por medidas sobre el narcotráfico y migración, está sobre la mesa, por supuesto, Sinaloa.

Lo que suceda allí en las próximas semanas impactará directamente en qué medidas tome Washington frente a México.