Pensar que los efectos de la crisis ambiental provocada por la actividad humana en el planeta, de la migración, terrorismo y del cambio tecnológico acelerado, son cosa de un futuro indeterminado y lejano, y que difícilmente alterarán nuestro bienestar y modo de vida actual, es propio de una conciencia evasiva e ingenua.

Y lo mismo aplica para quienes no se percatan de las consecuencias que tendrá la devastación de los cimientos de la economía, las instituciones políticas, la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, el nivel de vida de la población y la unidad nacional en que se encuentra empeñado el Gobierno federal con su transformación populista y autoritaria.

Para empezar, tenemos que asumir que la emergencia sanitaria del Covid-19 ya es un efecto del cambio climático. Los virus que tanto daño causan a la salud humana provienen de la destrucción de los recursos naturales y de la biodiversidad; del calentamiento global de la tierra que provocamos los humanos.

Y lo previsible es que las pandemias continúen y formen parte ya de nuestra nueva realidad. A esto se deben agregar los fenómenos naturales extremos como olas de calor, sequías, incendios forestales, lluvias torrenciales, cambio de las temperaturas estacionales, el aumento del nivel del mar por el derretimiento de las masas polares de hielo y muchas otras afectaciones.

Los hechos observables nos llevan a la conclusión de que las catástrofes son un proceso, pero que se pueden detonar exponencialmente en cualquier momento, como una aniquilación total y definitiva. Ya estamos en ese proceso.

En México vivimos la peor circunstancia histórica en la que podríamos estar. Amenazado por el cambio global, el país padece a un Gobierno que, entre otros desaciertos, ha tenido uno de los peores manejos de la pandemia en el mundo.

El Gobierno federal se niega a reconocer la gravedad de la situación con una economía en declive, aumento de la población en condiciones de pobreza, mayor desigualdad social, alza sin control de los precios de la gasolina y de otros productos de la canasta básica, que harán de los próximos meses y años un verdadero martirio.

El Gobierno federal promueve el desmantelamiento de instituciones diseñadas para apoyar el desarrollo del país en distintos frentes, como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los fideicomisos para apoyar la ciencia y la tecnología, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional Electoral, entre otros.

La violencia criminal y la impunidad rompieron, en tan solo tres años, todos los récords de los periodos sexenales anteriores y se tiran a la basura miles de millones de pesos en proyectos “productivos” y de infraestructura que no resisten un mínimo análisis de viabilidad.

De manera irresponsable, se responde a quienes exigen medidas emergentes frente a la crisis ambiental y al cambio climático que sus demandas “son una hipocresía”, y cuando se muestran las cifras del retroceso económico y social, de fuentes del propio Gobierno, el Ejecutivo siempre tiene “otros datos”.

Si no queremos ser arrastrados por la evasión y la ingenuidad, hay que dejar claro que no se puede contar con el Gobierno federal para desplegar el esfuerzo nacional que se requiere frente al cambio global, y menos para mejorar la ya de por sí vapuleada situación económica y social de las familias mexicanas.

Tenemos que alentar respuestas locales, ciudadanía organizada, gobiernos visionarios y responsables, acciones concretas y ejemplares. Analizar y compartir la información de lo que realmente sucede. No podemos quedarnos pasmados ante la adversidad inminente.