Ciudad de México.- La primera revisión de los avances del T-MEC dejó algo claro: las inconformidades contra la Ley de Hidrocarburos de México que entró en vigor el pasado 5 de mayo no se resolverá con los gobiernos de Estados Unidos o de Canadá, sino con las empresas de esos países, por lo que se espera que la búsqueda de recursos legales de las compañías de esos países continúe. Hasta ahora se han dado amparos a las estadunidenses Tiger Fuel y JAG Energy, así como a la canadiense Petrotal.

A diferencia de la Ley de Industria Eléctrica, en la que las suspensiones otorgadas por un juez se aplicaban a toda la industria, en la Ley de hidrocarburos no hay certeza de que el tribunal colegiado sostenga el criterio de efectos generales para beneficiar a todos. “El pretender colgarse de esas suspensiones provisionales pondrá al permisionario en riesgo” y solo aquellos que presentaron amparos como blindaje estarán protegidos, dijo a MILENIO el abogado Carlos Vallejo.

Información obtenida por MILENIO indica que suman ya más de 18 compañías con alguna suspensión, temporal o definitiva, contra la Ley de Hidrocarburos, vía los juzgados de distrito en materia administrativa especializados competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, que tienen jurisdicción en todo el país.

Se diluye el efecto T-MEC

A dos días de aprobada la Ley de hidrocarburos, el Instituto Americano del Petróleo (API) envió una carta a diferentes secretarios de EU, para denunciar la discriminación a los inversionistas de dicha nación, en violación de los compromisos del T-MEC. Aunque ya habían enviado una carta a su gobierno en junio de 2020.

La intención de la segunda misiva era que su gobierno los respaldara pidiendo acciones a México, en la Comisión de Libre Comercio, donde se revisaría el cumplimiento del tratado, los pasados 12 y 13 de mayo.

Aunque la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai pidió a nuestro país una política energética que respete la inversión. Al concluir la reunión la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier aclaró que “es más un tema de empresas, considera que sus derechos han sido violentados o no están salvaguardados dentro de los compromisos del T-MEC y pueden inducir un proceso de diálogo previo a cualquier otra índole de proceso jurídico”, señaló.

Se acumulan recursos

De acuerdo con la revisión de MILENIO, del total de peticiones de juicios de amparo solicitadas tanto por empresas como por particulares entre el 10 y 14 de mayo se aceptaron los amparos solicitados por 18 empresas, entre las que destacan la española Repsol, que en México opera más de 300 gasolineras.

Otra fue la estadunidense Jag Energy Company, dedicada a la comercialización de productos petrolíferos como biodiésel, naftas, aceites para diferentes aplicaciones, gas LP, gas natural licuado, e incluso combustibles para aeronaves.

Una más fue Lambrucar, que se ostenta como comercializador de gasolina y diésel en la zona de Monterrey; así como Energéticos Fusión, perteneciente a Grupo PERC, que se asume como “distribuidor asociado de productos Pemex” en el centro, sur y occidente del país.

Cabe señalar que los intermediarios comerciales en la venta de combustibles fueron señalados por el gobierno como participantes en el contrabando de diésel procedente de EU, aunque al momento no hay denuncia formal al respecto.

En la lista también llama la atención tres empresas mineras de Grupo Peñoles: Minera Saucito, Madero y San Julián, quienes argumentan haber sido afectadas por las modificaciones al marco legal de los hidrocarburos.

Amparos por caducidad

A la primera semana de entrada en vigor de las reformas a la ley se generaron según la International Chamber of Commerce en México (ICC) al menos 50 solicitudes de amparo.

De manera paralela alrededor de medio centenar de empresas solicitó amparos ante la declaratoria de caducidad de 208 permisos de comercialización de petrolíferos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de los que 139 se publicaron en el Diario Oficial el 14 de mayo.

La avalancha de amparos no solo llegó a los juzgados por la reforma de hidrocarburos, sino también por otro frente abierto por el gobierno al quitar la regulación asimétrica para fortalecer a Pemex.

Ese mismo día, el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó otro paquete de 69 permisos de comercialización, tanto de combustibles, como de diversos derivados del procesamiento del crudo en refinerías.

El argumento de la CRE fue que al paso de un año no se había realizado actividad de ventas utilizando los mismos permisos, lo cual, según expertos, será la ‘rendija legal’ a utilizar para detenerlos en los juzgados.

Personas con conocimiento del tema revelaron que en este rubro específico, uno de los asesores que más ha participado en las defensas legales ha sido la firma EnergíaMex, ligada a ex funcionarios de la propia CRE.

Firmas legales, con más trabajo

Los recursos legales contra la reforma petrolífera ha dado mucho trabajo a despachos legales. Además de las prestigiadas firmas White & Case, a cargo de Ismael Reyes Retana; Galicia Abogados, representado por Manuel Galicia; Greenberg Traurig, de David Guerrero; y Dentons López-Velarde, de Rogelio López Velarde, otras más se han sumado al grupo.

En este sentido, encabezan la lista de los preferidos por las comercializadoras de petrolíferos, firmas como Lexoil, de Carlos Vallejo y Marcial Díaz, éste último también presidente de la Asociación de Regulador del Sector Energético, quienes se encargaron del curso legal de decenas de compañías.

Otros que aprovechan la oportunidad son el Despacho Defensa Legal Energético, de Juan Manuel Zamora, quien logró la suspensión definitiva de la reforma el pasado 17 de mayo dictada por el juez Gómez Fierro a Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Viga Express, Pharaoh International Products, Antluc, así como a Dalia Pilar Lamarque Picos.