La familia es la primera comunidad natural de solidaridad donde las personas desarrollan afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

A partir de ella se edifica toda estructura y como factor de desarrollo social y económico, debe ser protegida.

Los derechos humanos, individuales, sociales o comunitarios, encuentran expresión en la vida familiar, por lo que el reconocimiento a los derechos de la familia debe ser objeto de una acción urgente del Estado en todos los niveles.

Es por ello que una agenda impostergable que deben asumir los gobiernos es la de consolidar la cultura de familia, a través de políticas públicas que contengan una “perspectiva de familia” para, subsidiariamente y en coparticipación con ella misma, puedan realizar su función social y asegurarles un ingreso económico justo, la creación y salvaguarda de su patrimonio, en especial de vivienda, y el acceso a servicios educativos, de salud y áreas de esparcimiento.

Hoy más que nunca, para construir una comunidad saludable, los gobiernos deben ayudar a generar esas condiciones, para que las familias en sus núcleos habitacionales se sientan parte “de algo”, la violencia que se vive a su interior o que proviene de elementos externos debe ser combatida. Porque si en las familias hay violencia, la sociedad será violenta.

La erradicación de esta problemática conlleva a políticas que fortalezcan el desarrollo armónico familiar a través de una cultura del respeto, de la no violencia y de la promoción de acciones a favor de familias en situaciones de vulnerabilidad.

Toda violencia debe ser castigada. El fortalecimiento de la comunidad familiar es derecho y obligación de todos sus integrantes.

El estrés, las dificultades económicas, el desempleo y confinamiento prolongado en el hogar generado por el estallido de la pandemia del Covid-19, han sido factores determinantes para que la violencia intrafamiliar se haya incrementado.

Y es entonces donde cobra mucho más sentido que los gobiernos se vuelquen sobre el fortalecimiento de la comunidad familiar.

Imagínese usted, que durante estos más de 2 años que lleva la pandemia, ademas de toda la problemática que las familias viven en el día a día, salgas de tu casa y el Estado no pueda siquiera garantizarte los servicios básicos: un área verde digna para pasear o ejercitarse, alumbrado, pavimento, transporte eficiente, empleo o educación.

Sin políticas públicas que garanticen esto, sumado a la contingencia en materia de salud que vivimos, se consumaría un coctel sumamente peligroso que lejos de abonar, quebraría la consecución del desarrollo humano y la construcción de una mejor ciudadanía.

En conclusión. Para que sean eficaces las políticas favorables a la familia, deben concebirse como un conjunto holístico y equilibrado de acciones relacionadas con el tiempo, los recursos y los servicios, a fin de proporcionar las medidas adecuadas.

Las políticas deben tener en cuenta las distintas formas de familia que hoy existen y las situaciones atípicas que todos vivimos, así como la gama de funciones que desempeñan las mujeres como trabajadoras y jefas de familia. Para poder promover políticas favorables a la familia es necesaria la participación de cuatro factores clave: el Estado en sus tres órdenes de Gobierno, las empresas, las propias familias y la sociedad civil.

Estos cuatro actores pueden incluso unir sus fuerzas en un enfoque integrado de políticas publicas favorables a la familia. Dichas políticas no son solo lo más adecuado, sino también lo más inteligente y equitativo que se puede hacer para construir el Estado que queremos.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.