Washington.- Pablo dice que estos días el miedo no lo deja tranquilo, ni cuando está trabajando en la construcción ni en casa con su familia. Pasa las noches en vela, mirando a sus hijas y rezando para que el Gobierno de Donald Trump no le deporte a Honduras, donde asegura que lo espera la muerte por ser informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en operaciones contra el narco.

“ Gracias a Dios la oportunidad de estar en este país ha sido lo mejor, mi enfoque ha sido siempre mi familia, mi trabajo e ir a la iglesia”, afirma en una entrevista con Noticias Telemundo. Pidió mantener el anonimato (su nombre real no es Pablo) por temor a la venganza del grupo criminal del que formaba parte en Honduras.

“ Si el día de mañana me llegan a expulsar para un lugar de esos, no sé qué va a pasar conmigo. Mi problema no es pequeño, sino que es un problema de vida o muerte”, asegura Pablo, quien proporcionó información a las autoridades estadounidenses que, entre otras cosas, permitió atrapar a un importante narcotraficante hondureño.

“ Mire, yo no quito el mérito a ninguna autoridad de Estados Unidos, se supone que son las mejores en el mundo. Pero, en otro país, sin la colaboración de una tercera persona que no corresponda a la ley, es muy difícil que el FBI o que la DEA capture a una persona”, dice de su cooperación. “A veces cometemos errores, como todos, pero, si no fuera por lo que pudimos llegar a hacer algún día, tal vez ellos no hubieran arrestado a nadie”, agrega.

En Estados Unidos, las agencias federales suelen recurrir a la ayuda de informantes confidenciales para llevar a cabo investigaciones y asegurar la condena de narcotraficantes y capos criminales.

“ El FBI investiga más de 250 tipos de delitos como antiterrorismo, contraespionaje, secuestros, extorsiones, narcotráfico y te puedo decir que muchos de los trabajos, casi todos, tienen que ver con gente que ayuda”, afirma en una entrevista Arturo Fontes, quien trabajó durante 28 años en el Buró Federal de Investigaciones en casos de narcotráfico y crimen organizado. Fue uno de los agentes que rastreó al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

“ Nosotros decimos siempre que los informantes son las ruedas, y el Gobierno es el carro. Y sin las ruedas el carro no puede avanzar, los informantes son demasiado importantes”, explica Fontes.

Según un informe del Departamento de Justicia publicado en 2005, en ese momento la DEA operaba con unos 4 mil informantes confidenciales activos. En 2016, una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia reveló que, entre 2010 y 2015, la DEA tenía más de 18 mil confidentes asignadas a sus oficinas nacionales, y más de 9 mil de ellos recibieron cerca de 237 millones de dólares en total en pagos por información o servicios. Esa cifra no ha sido actualizada en reportes públicos posteriores, ni tampoco indica cuántos de los informantes son extranjeros.

“ En mi carrera en la DEA no hay casos sin informante”, dice Rocky Herron, exagente que trabajó durante 31 años investigando las redes de narcotráfico. “Todas las investigaciones dependen de ellos. Tal vez el informante introduce a un agente encubierto que lleva a cabo la investigación. Pero ese agente tiene que entrar a la organización a través de alguien. O puede ser que es una persona que cae presa y quiere negociar con el Gobierno una reducción de pena y brinda información. Yo usaba informantes en todas mis investigaciones”.

En 2017, el entonces inspector general del Departamento de Justicia, Michael E. Horowitz, relató al Congreso que “el uso de informantes entraña riesgos porque estas personas suelen tener antecedentes penales, y a menudo prestan asistencia o cooperación a cambio de dinero en efectivo o de la perspectiva de una reducción de condena, más que por el deseo de ayudar a hacer cumplir la ley”.

En 2021, la organización Open the Books reportó que los fondos para informantes de la DEA, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) alcanzaron los $550 millones.

“ Casi no hay ninguna restricción sobre a quién puede presionar el Gobierno para que se convierta en informantes”, afirma Alexandra Natapoff, académica de la Escuela de Leyes de Harvard y autora de Snitching: Criminal Informants and the Erosion of American Justice.

“ Pueden utilizar a niños, a personas con trastornos mentales o con trastornos por consumo de drogas, y a personas vulnerables que están en situación de riesgo en el contexto de la inmigración”, dice.

Noticias Telemundo contactó con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la DEA y el FBI, para pedir datos y comentarios sobre la situación de los informantes extranjeros en Estados Unidos tras la promesa de Trump de llevar a cabo el mayor plan de deportación de migrantes de la historia del país, pero no ha recibido respuesta.

“Me arrepiento una y mil veces de mis errores”

Los informantes extranjeros enfrentan problemas migratorios pese a que, por cooperar con las autoridades, tienen la posibilidad de permanecer de manera legal en el país solicitando un visado S que permite que los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley presenten solicitudes para que reciban una green card.

“ Normalmente el fiscal de distrito ayuda al solicitante a pedir visa, pero puede ser muy difícil de conseguir y lleva mucho tiempo”, explica Kevin Johnson, profesor de Derecho de la Universidad de California. “Con Trump estamos viendo un endurecimiento de los requisitos para todas las visas”, agrega, “así que no me sorprendería que esta categoría esté sujeta a un escrutinio especial”.  

Varios exagentes federales consultados por Noticias Telemundo dicen que el trámite es tan exhaustivo que muy pocas veces se logra acceder a ese visado. Aunque existe un límite legal de 200 visas S al año, un informe del Servicio de Investigación del Congreso indica que entre 1995 y 2004 solo se aprobaron 511 para informantes. En 2012, , por ejemplo, solo se expidió un visado de este tipo.

Para el abogado Javier Maldonado, que durante décadas ha litigado en temas migratorios en Texas y ha tenido muchos clientes que han colaborado con las autoridades, alrededor de la mitad de sus clientes en estos casos han sido finalmente deportados.

“ Es un riesgo muy grande”, explica, “he tenido clientes que han cooperado con estas agencias policiacas y siempre les tengo que advertir que el balance del poder no es igual. Dependen de la misericordia de las agencias y lo que ellos quieran decidir”.

“Muchos de estos individuos tienen antecedentes migratorios o penales que no les permiten regularizar su estatus legal en Estados Unidos”, agrega, “si no se les facilitan los trámites quedan en una especie de limbo, a menos de que soliciten medidas como la suspensión de la deportación y la Convención contra la Tortura”.

Pablo logró obtener el beneficio de la Convención contra la Tortura (CAT, en inglés), una medida que impide la deportación a un país donde una persona corra el riesgo real de ser torturado.

Sin embargo, expertos consultados por Noticias Telemundo coinciden en que las leyes vigentes contemplan la deportaciones a terceros países, tanto en los casos de suspensión de deportación como en la protección CAT, pese a que, en muchos casos, las redes criminales internacionales tienen tentáculos por todo el continente.

Pablo teme ser deportado en cualquier momento: “Todos los que en este momento estamos en el programa, los que hemos colaborado, estamos en un peligro grave”, asevera, recordando el peligro que corre por su colaboración con las autoridades. “Necesitan nuestra ayuda. Como estoy acá y no puedo ir allá para investigar lo que está pasando, tengo que involucrar a otras personas: me pasó que metí a un familiar que murió buscando una información muy importante que yo necesitaba, lastimosamente todo se salió de control”.

“ Estos migrantes tienen mucho riesgo, especialmente si son de ciertas regiones del mundo como América Central”, remacha el abogado Javier Maldonado, “tienen una gran preocupación sobre su regreso a esos países, y ahora que el presidente ha empezado a enviar gente a El Salvador, incluso si no son de ese país, eso va a hacer que muchos tengan más miedo de lo que pueda pasar si son detenidos” por las autoridades migratorias.

La compleja relación entre las fuerzas del orden y sus informantes extranjeros ha originado ya varios casos mediáticos en los que personas que prestaron una ayuda crucial en investigaciones criminales se enfrentaron posteriormente a la deportación.

Ernesto Gamboa, un mecánico de autos salvadoreño que ayudó a la policía durante 14 años en cientos de redadas antidroga en la costa Oeste, haciéndose pasar por comprador o vendedor de drogas, se enfrentó a la deportación cuando terminó su colaboración en 2010 y tuvo que luchar en las cortes para que se suspendiera ese proceso.

A Norma, una mexicana que fue informante de la DEA casi 20 años, le prometieron un estatus legal pero sólo le concedieron permisos de trabajo temporales y una tarjeta de la seguridad social. En 2011 entabló procesos judiciales para frenar su deportación a México.

La salvadoreña Carla Deras fue reclutada en 2002 por el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para colaborar en el desmantelamiento de una red de tráfico de menores. Entró al país con un permiso especial, pero tras concluir su colaboración con ICE denunció que había quedado en el limbo. “Somos ilegales. No tengo dinero y no puedo solicitar la ayuda por desempleo”, dijo en 2010 en una entrevista con el diario Los Angeles Times.

“ No proporcionamos buenas protecciones a ningún informante, y mucho menos a aquellos presionados para cooperar bajo amenaza de deportación”, denuncia Alexandra Natapoff, académica de la Escuela de Leyes de Harvard. “No damos buenas protecciones a los niños, a las personas que sufren trastornos por consumo de drogas. Hemos visto terribles tragedias y escándalos en los que se presionó a personas jóvenes o vulnerables para cooperar y luego fueron asesinadas por su cooperación. El Gobierno no los protegió”, dice.

Pablo afirma que quiere seguir en Estados Unidos y trabajando en construcción porque le gusta levantarse temprano y ver cómo los ladrillos que acarrea e instala se convierten en las paredes y techos de nuevos hogares. “Es duro, son de 10 a 11 horas diarias en frío y en el sol. Y lo hago para sacar adelante a mi familia porque, desde que nació mi primera niña, eso cambió radicalmente mi vida”, explica.

“ Me arrepiento una y mil veces de mis errores”, dice, “si yo hubiese venido a este país de joven, a lo mejor no estaría en esta situación”.