Nueva York.- El gobierno de Estados Unidos busca unir los procesos de los hermanos Gerardo y José González Valencia luego de que el segundo fuera extraditado desde Brasil el pasado 10 de noviembre. Los acusados rechazaron la idea y, a través de sus abogados, demandaron sea rechazada esa moción que ingresó el gobierno.

“ Ambos están acusados de participar en la misma conspiración, así que unir los juicios le ahorraría a la Corte tiempo significativo y recursos judiciales, debido a una importante superposición de pruebas y testigos entre ambos casos”, solicitó Arthur G. Wyatt, jefe de la Sección de Estupefacientes y drogas Peligrosas del Departamento de Justicia.

Asegura Wyatt que investigadores a su cargo tiene años siguiendo la pista de Los Cuinis, organización dirigida “por varios de los hermanos González Valencia, incluidos Gerardo y José, así como Abigael”, detenido en México y con una acusación pendiente en Washington. Recuerdan que Los Cuinis están asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien está casado con Rosalinda González Valencia, hermana de aquellos y detenida hace unos días en México.

Dice el gobierno que cuenta con grabaciones de escuchas telefónicas del 2013 y 2014 de varios Blackberrys en las que identificó a José y Gerardo, además de Abigael González Valencia y a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “hablando de traslados, envíos, producción y venta de cocaína”. Juzgan que al tratarse de la misma intervención telefónica para ambos hermanos, es una evidencia común que puedes ser usada para juzgarlos.

Al pedir a la corte que niegue dicha unión de los procesos, el defensor de José González Valencia, Alfred Guillaume III, argumentó que no es apropiado porque en primer término “hay un periodo de tres años en la presunta conspiración que se acusa a Gerardo en los que no estuvo involucrado José” y eso “perjudicaría su caso”.

Además, el defensor recuerda que Gerardo está acusado de distribución de metanfetamina, droga que no le fue imputada a José, lo cual “probablemente confundiría al jurado y causaría un perjuicio sustancial” a su defendido.

“ Este último punto se resuelve fácilmente” le respondió hace unas horas Wyatt, quien le asegura que “el gobierno no tiene intención de proceder a juicio por la conspiración de metanfetaminas contra Gerardo”. En cuanto al argumento de los tres años de diferencia, el gobierno confía en zanjarlo, “aclarando al jurado que las evidencias del pequeño período de tiempo” no corresponden a las dos acusaciones.

En la acusación formal contra Gerardo, que data del 19 de abril de 2016, se le acusa de distribuir cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos en una conspiración que inició en enero del 2003 hasta su detención. A José, cuyo dictamen se emitió el 26 de octubre del 2016, sólo se le acusa de conspirar para distribuir cocaína, en presunta conjura iniciada en el 2006. Gerardo fue extraditado de Uruguay en mayo del 2020 y, supuestamente, el juicio en su contra está programado para arrancar el 7 de febrero.

Sin embargo, los abogados de Gerardo fueron más allá y presentaron argumentos diferentes. Aseguran que el gobierno no puede ingresar una moción de ese tipo porque “no tienen jurisdicción” sobre el acusado y piden incluso que lo suelten para afrontar en libertad su proceso previo al juicio.

“ Como los Estados Unidos obtuvieron la extradición (de Gerardo) de Uruguay sin causa probable y en violación de su Constitución y al derecho al debido proceso” la Corte, además de desestimar la acusación, debe negar “la moción que busca unir los juicios y, como mínimo, ordenar la puesta en libertad del señor González Valencia”.

El argumento del litigante Stephen A. Best se centra en que la acusación de la extradición de Gerardo desde Uruguay se cumplió luego de que la abogada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Amanda Liskamm, envió una declaración jurada al gobierno de aquel país, en el que aseguraba que los cargos en contra del señor González Valencia eran pertinentes.

Sin embargo, tras de ser extraditado a los Estados Unidos, el Departamento de Justicia informó que retiraría la acusación de conspiración para distribuir metanfetamina, abandonando su afirmación de que tenía suficientes pruebas para proceder y lo hizo sólo después de obtener la extradición.

Finalmente, Wyatt encuentra igualmente “fallidos” los argumentos de Gerardo y le aclara la manera en cómo funciona el tratado de extradición signado por Estados Unidos y Uruguay.

Quedará entonces a juicio del magistrado la decisión de unir o no ambos casos, la cual aún no se da a conocer.

Fuente: MILENIO