“No hay tal cosa como una política económica neutral. Todas las políticas económicas tienen consecuencias”.
JM. Keynes, economista

El Estado del Bienestar. Los gobiernos de las naciones europeas fueron de los primeros en el mundo en considerar cómo proteger social y económicamente a sus ciudadanos que habían concluido su ciclo productivo o vida económica. Al concluir la Segunda Guerra Mundial (1945), se estableció el modelo pensionario de reparto, con una orientación eminentemente social. El cual funcionaba bajo dos principios: 1.) La aportación económica de los trabajadores activos al fondo de pensiones, cuyos recursos se transferían a aquellos que ya estaban fuera del mercado productivo por jubilación o pensión. Técnicamente a ese proceso se le llamó solidaridad intergeneracional. 2.) El fondo era administrado por el Estado, que también tenía la obligación, a través de su Gobierno de fondearlo con las contribuciones impositivas de la población. Un indicador básico de su estabilidad financiera fue el cociente que calculaba el número de trabajadores en el mercado laboral por cada jubilado. Entre mayor fuera el resultado de la relación intergeneracional, más solvencia del fondo. No se podría explicar la organización pensional de empleados, empleadores y Gobierno, sin el advenimiento de las políticas económicas keynesianas, que además propiciaron la creación del Estado de Bienestar.

La Ley de Pensiones en México de 1973

El Estado mexicano reaccionó en favor del futuro de sus trabajadores, creando la ley del Seguro Social, que protegía a los trabajadores adscritos a alguna empresa del sector privado después de haber concluido su edad productiva. Es importante mencionar que las prestaciones sociales y económicas se circunscribían a la economía formal, de la cual, el trabajador formó parte de ella. Aquellos, que laboraban en la economía secundaria, o no contributiva quedaban al margen de los beneficios sociales. Los trabajadores que se incorporaron a las empresas privadas del país en el período 1973 a junio 1997, para tener derecho a la jubilación del IMSS debieron haber cumplido con los requisitos que la ley estableció. Entre ellos, haber cotizado a la institución de seguridad social, por lo menos durante 500 semanas (aproximadamente 10 años de trabajo), tener una edad igual o superior a los 60 años. Una vez zanjeados los términos de la Ley, el jubilado podía recibir una pensión vitalicia, y en caso de su deceso, su cónyuge continuaba recibiendo la pensión, que se calculaba en función del salario medio de las últimas 250 semanas trabajadas.

Cuentas de capitalización individuales

Las condiciones socioeconómicas que prevalecieron en el mundo desarrollado, y que financiaban la buena marcha del modelo solidario de reparto comenzaron a cambiar, después de 1970. La tasa de fecundidad cayó en relación con la alcanzada en las décadas de los 50 y 60, el promedio de hijos por familia se fue reduciendo; y por otra parte los avances tecnológicos en las áreas de la medicina incrementaron la esperanza de vida de la población, después de completar los años de servicio 30 o más, el jubilado seguía teniendo expectativas de vida superiores a los 15 años. Lo anterior influyó para que los flujos financieros intergeneracionales disminuyeran, cada vez había más dependientes (extrabajadores) por cada trabajador en servicio. Y, los fondos se volvían insostenibles, aumentando los pasivos gubernamentales. Simultáneamente, el paradigma keynesiano seguido por los gobiernos “no tenía respuesta” a fenómenos como el de la estanflación (aumento de precios con decrecimiento económico), la mundialización financiera y comercial, entre otros. La solución que propusieron los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos fue un cambio de paradigma económico, que limitara la injerencia del Estado en la economía, a través de la privatización de varias de sus funciones sociales; una de ellas, fue precisamente privatizar los sistemas de pensiones. En México, la reforma de 1997 eliminó el fondo pensionario intergeneracional administrado por el IMSS. Después de esa fecha, cada trabajador que se incorporaba al mercado productivo, ahorraría mensualmente para su jubilación en una empresa privada especializada en la administración de fondos para el retiro. El sistema mexicano de pensiones fue una copia del chileno, impuesto por el general A. Pinochet en los albores de los 80, y recomendado por economistas estadunidenses. Pero en ambos países las cuentas individualizadas fracasaron, propiciaron un déficit social muy oneroso. Por ejemplo. En México, la tasa de reemplazo promedio del trabajador que se jubilará por el esquema de capitalización, se estima que no rebasará 26% del último salario que percibió. (Fuente OCDE)

La ley 2024 del Fondo del Bienestar

Se trata de la construcción de un esquema de pensiones híbrido que retoma del de reparto el fondo solidario, y del modelo de cuentas individuales, la administración privada de los ahorros. La propuesta complementa la pensión contributiva con la no contributiva; la primera suma las aportaciones del empleado y patrón, durante, por lo menos 825 semanas de cotización, y exige que el trabajador haya cumplido 65 o más años de edad, para poder tener derecho a la jubilación por vejez. Es una pensión dinámica en el sentido de que cada 1 de enero, se actualizará en función de la tasa de inflación del año previo. Los primeros trabajadores que se jubilen en 2024, percibirán hasta 16, 777 pesos por mes, monto que resulta del promedio de los salarios que registraron los patrones en el Seguro Social. El fondo complementario se “nutrirá” de recursos que destine el Gobierno. Según cálculos de la SHCP, se requerirán 130 mil millones de pesos para “fondearlo” en 2030. Sin duda el Estado mexicano no puede abandonar a su suerte a millones de mexicanos en la recta final de su vida, y más cuando participaron en las actividades productivas de este país. Una acción que recuerda la definición de política, y justifica la razón de ser de la clase política mexicana en un país con cinturones de miseria vergonzosos.