Morena se presentó a las elecciones presidenciales de 2018 sin tener un sólo gobernador. Hoy dirige tres de cada cuatro estados. La nueva geografía política del país, marcada por la alternancia, responde al hartazgo social, al desgaste de los partidos, al abuso de los grupos dominantes y al surgimiento de Morena.

En las elecciones de 2016, primeras en las que participó, obtuvo 35 diputaciones (14 de mayoría y 21 de representación proporcional). La sorpresa la dio dos años después, cuando ganó la Presidencia y más de la mitad de los asientos en las cámaras de Diputados y de Senadores, en alianza con los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

El movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador no ha perdido una sola Gubernatura desde que se hizo con las primeras cinco (Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos) en 2018. AMLO y Claudia Sheinbaum ganaron 31 estados en sus respectivas elecciones. Aguascalientes fue el único donde el PAN los superó.

El ascenso de Morena a los gobiernos locales sacudió las estructuras del poder. Sin embargo, los grupos de interés todavía conservan influencia e inciden en las decisiones políticas. Máxime en entidades como Coahuila y Guanajuato, donde los partidos dominantes son el PRI y el PAN.

La debilidad de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña fortaleció a los gobernadores. Esa situación les permitió nombrar sucesor, recibir recursos federales adicionales, endeudarse y negociar directamente con los cárteles de la droga a cambio de dinero, según testimonios ante cortes federales de EU en Texas. Financiar campañas electorales aumentó el poder de la delincuencia organizada.

Todos esos factores, potenciados por la guerra del presidente Calderón contra el narcotráfico, provocaron una escalada de violencia interminable. En Coahuila, las mayores atrocidades ocurrieron en el periodo conocido como El Moreirato.

Las masacres de Allende y el Penal de Piedras Negras, denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional, atrajeron a la prensa internacional. En noviembre de 2017, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas presentó “un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”.

El informe Control… sobre todo el estado de Coahuila cita: “Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el anterior y el actual Gobernador de Coahuila”. Los hermanos refutaron las acusaciones, por estar fundadas, según ellos, en “supuestos” (La Jornada, 08.11.17).

En “Anatomía de una masacre”, la periodista Ginger Thompson describe la situación: “Tres años después de la matanza de Los Zetas, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron un “megaoperativo” para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas –probablemente cientos de hombres, mujeres y niños– y los habitantes de Allende indican que ha sido un poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos” (ProPublica, 12.06.17). La impunidad y la simulación prevalecen.