Ayotzinapa todavía duele por los 43, por sus familias, por las víctimas, por lo que sabemos y falta por conocer. Pero también duele porque es un espejo de nuestras penurias como país, reflejadas esa noche -la más triste- y desde entonces, hasta ahora. Un alcalde de izquierda, impulsado por López Obrador, coludido con el crimen organizado y el narcotráfico. Un sinnúmero de policías que actuaron para golpear, perseguir, desaparecer. Un Ejército que ha sido espectador y también perpetrador. Dos gobiernos que persiguen a unos mientras protegen a otros. Esa es la terquedad de los hechos, y donde debería estar centrada la atención. No en las filtraciones, no en la labor de los periodistas, sino en el retrato fiel del Estado que nos negamos a ver. Ocho años después, la impunidad persiste. El ocultamiento de información perdura. Los demonios todavía andan sueltos.

Y la justicia sigue siendo elusiva, pero no por lo publicado -de evidente interés público- en una columna o evidenciado en un periódico. El verdadero obstáculo a la verdad no proviene de los supuestos “intereses oscuros” detrás de la filtración del informe completo sobre Ayotzinapa. Viene de quienes testaron el documento y siguen protegiendo a quienes AMLO y las Fuerzas Armadas quieren escudar. Sin duda, debe haber sido doloroso para las familias revivir y releer cómo sus hijos fueron asesinados de forma violenta, exhibiendo la inhumanidad de sus victimarios. Pero duele más ver cómo el caso vuelve a ser politizado, cómo vuelve a ser manoseado, cómo la justicia es saboteada por el Estado, desde el Estado.

El verdadero entorpecimiento del proceso judicial en Ayotzinapa es resultado de las maniobras políticas de Alejandro Gertz, la actuación cuestionable de la FGR, y el imperativo de resguardar a aliados gubernamentales y mandos militares. Si los casos se caen, no será por la filtración; será por la colusión, o la incompetencia, o los pactos de impunidad intocables. A petición de la FGR un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos -16 de ellos militares- por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43. Como Témoris Grecko -director de la película Mirar Morir: el Ejército en la Noche de Iguala- documenta en Milenio, la aprehensión de Murillo Karam fue orquestada por Gertz, a espaldas del fiscal especial para Ayotzinapa y su equipo. Si Murillo Karam sale libre, será por lo que el juez, molesto, después criticó: la falta de contundencia en los alegatos de los fiscales y su falta de preparación. Y de las 83 órdenes de aprehensión, la FGR ha ejecutado solo 4. Un crimen de Estado, mal llevado y saboteado por el propio Estado.

¿Por qué? Las razones son obvias y no tienen relación con la controvertida filtración. Entre los exonerados está el excomandante del 41 Batallón de Infantería y el exfiscal guerrerense. Así nomás. Así porque sí. Así como se dio la sorprendente liberación del general Cienfuegos, luego de ser detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Así como fue rápidamente liberado luego de su regreso a México, en una investigación también ocultada. Así como todavía no sabemos por qué hubo un operativo de la Marina en el basurero de Cocula, y por qué López Obrador ya exculpó a su titular. La filtración incomoda porque revela la mancuerna entre el poder militar y el poder criminal, justo cuando la 4T insiste en militarizar más a México.

Sí, dolió leer un texto exhibiendo el horror. Pero imagínense el horror de llevar ocho años exigiendo una justicia que no llega, el horror de saber que restos de los muchachos acabaron en el campo militar de Iguala, el horror de saber que el Presidente arropa al general Cienfuegos, a Peña Nieto, y a otros encubridores de las Fuerzas Armadas. El horror de ver cómo se le entrega el país al Ejército, aun sabiendo que fue cómplice, perpetrador y encubridor en Ayotzinapa. Tendríamos que estar menos preocupados por la filtración, y más por los pactos de impunidad que evidencia. Tendríamos que estar menos alarmados por la filtración, y más por la defensa de las Fuerzas Armadas que prosigue a pesar de que “limpiaron” al 27 Batallón de Infantería, luego de llevar cuerpos ahí. La militarización será la verdadera revictimización, y el país entero padecerá sus consecuencias.