Coahuila
Por
Jesús Castro
Publicado el domingo, 4 de agosto del 2024 a las 04:00
Saltillo, Coah.– El convenio por el que el Gobierno federal cedió la modernización de un tramo de la carretera a Zacatecas, es una trampa para el Gobierno de Coahuila, pues contiene cláusulas liberando a la Federación de cualquier error cometido al negociar la indemnización por terrenos aledaños adquiridos para la obra, y también le pide un “pago” de 2.5% del costo de la obra.
Al nunca haber aplicado recursos para modernizar el tramo de la carretera 54 a Zacatecas, entre La Angostura y el ejido La Encantada, actualmente en pésimo estado, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aceptó ceder dicha obra al Gobierno de Coahuila, por medio de un convenio firmado el 15 de marzo de este año.
Dicho convenio no sólo establece que el Estado pagará la obra, que costará alrededor de 400 millones de pesos, además, en la cláusula siete se establece que el Gobierno estatal deberá: “otorgar a la SICT, previo inicio de los trabajos, recursos líquidos por un monto del 2.5% de la obra a realizar”, es decir, unos 10 millones de pesos.
Además, la Federación incluyó en esa misma cláusula que el Gobierno de Coahuila se compromete a “sacar en paz y a salvo en todo momento a la SICT, para el caso de que sea objeto de una demanda, procedimiento administrativo o reclamación de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitación alguna, en materia de amparo laboral, civil, administrativo, penal o de otra índole”.
Después, en la cláusula décima, se vuelve a tratar el tema indicando que, para el caso del derecho de vía existente y adicional que se adquiera, para la adecuación y ejecución de los trabajos, se establece que “de presentarse algún reclamo derivado de los proyectos, el Estado se compromete a resolver y sacar libre a la SICT de cualquier tipo de reclamación, ya sea social y/o legal”.
Lo anterior ya está representando un problema para el Gobierno del Estado, pues la familia Cepeda está alegando ser legalmente dueños de predios expropiados por el Gobierno federal, el cual previo a la realización de la obra y la firma del convenio, pagaron una compensación económica a ejidatarios de la Angostura por 5.7 kilómetros de terrenos.
Por lo anterior, la familia Cepeda está reclamando se les haga el pago correspondiente a la indemnización por sus terrenos, amenazando con iniciar un proceso legal contra el Gobierno estatal.
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