Siguiendo con los cortes de colgados de la CFE en Torreón, cuentan nuestras hormigas laguneras que algunos empresarios fueron señalados por tener “conexiones irregulares” en sus domicilios, esto durante el fin de semana pasado y en zonas como Senderos y Las Trojes, áreas de gran plusvalía.

Dicen también por ahí que algunos se pusieron en plan no tan “accesible” con los inspectores de la comisión, de forma que fueron invitados a “comportarse y pagar lo que se debe”, que en algunos casos escalaba a más de dos años. Vaya cosas que han salido con ese operativo de la Comisión en Torreón y que ha desvelado que los “ricos también lloran”.

Tremendo chismecito se armó el fin de semana pasado con el pique entre policías municipales de Lerdo y elementos de la Vicefiscalía de Durango, cuando en pleno periférico los primeros detuvieron a los segundos, bajo sabrá Dios qué argumento, generando una serie de dimes y diretes, además de sospechosismo y tensión entre una autoridad y otra.

Cuentan que uno de los agentes municipales se fue por la libre y detuvo a un agente estatal, haciendo uso de sus armas y derivando en un zafarrancho que estuvo a la vista de transeúntes y otros conductores, sin duda algo muy desafortunado y que requerirá investigaciones al respecto. Mientras son peras o son manzanas, el alcalde Homero Martínez separó de su cargo al agente municipal señalado, e invitó a su contraparte estatal a hacer lo propio con los elementos que se pasaron “de lanza”, ya veremos si ello ocurre finalmente o la cosa solamente queda en el plano municipal.

Dicen las hormigas saltillenses que en el Palacio Rosa hay molestia contra el alcalde Román Alberto Cepeda, porque un documento elaborado en la Presidencia Municipal busca aventarle la bolita al Gobierno del Estado por el incidente en el que murió una aficionada de los Rayados afuera del Territorio Santos Modelo en enero pasado.

Todo esto surge de la campaña que trae el diputado local de Morena Antonio Attolini para exigir a la Policía Municipal que revele sus protocolos de actuación en ese fatídico 21 de enero. La mayoría de las respuestas señalan que esos protocolos no se pueden revelar por motivos de seguridad, pero un documento elaborado por la Dirección de Protección Civil asegura que la vigilancia estaba a cargo de autoridades estatales.

Al parecer esto no cayó nada bien cuando fue hecho del conocimiento del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, pues hasta ahora el Gobierno del Estado se ha mantenido al margen de la polémica. Y es que en Saltillo parecen muy dispuestos a que Toño Attolini se lance contra el Alcalde, siempre y cuando la Administración de Manolo Jiménez Salinas no salga embarrada.