Saltillo, Coah.- Litigantes saltillenses han empezado a sentir los estragos del paro de labores del Poder Judicial de la Federación toda vez que no se llevan a cabo audiencias programadas ni diligencias en las que deben participar los justiciables.

De acuerdo con los juristas esta situación se traduce en dos graves problemas: los trabajadores no pueden acceder a la justicia pronta y expedita que prometen los nuevos procedimientos judiciales, y sus abogados no pueden culminar los juicios y, por lo tanto, tampoco pueden acceder a sus honorarios.

“Dicha situación conduce a una situación económica por demás complicada tanto para los justiciables como para sus apoderados jurídicos, por lo que el paro derivado de la Reforma Judicial podría provocar problemas de fondo, como desempleo, circunstancias de salud sin atender e, incluso, hasta problemas en los núcleos familiares de cientos de miles de personas inmiscuidas en los asuntos judiciales, solo por mencionar algunos”, precisó uno de los abogados.

Señalaron que los estragos se han empezado a ver en la carga de trabajo atrasada sobre todo en temas laborales.

Además, es ilegal

A decir del abogado constitucionalista Gerardo Peréz, la protesta que lleva a cabo el Poder Judicial en Coahuila como en el resto del país, es ilegal, y deja de manifiesto la carencia del Estado de Derecho que prevalece en México.

Además, consideró que la reforma judicial debe llevarse a cabo para evitar la corrupción, nepotismo, así como otras prácticas que dejan a la sociedad indefensa, pues las leyes no se cumplen.

“No tienen derecho a huelga ni pueden irse a paro por la sencilla razón de que ellos prestan un servicio público; llama la atención que siendo ellos conocedores de la ley pierdan de vista lo que dice el articulo 17 constitucional”, aseveró el entrevistado.

Explicó que dicho apartado establece que nadie puede hacerse justicia para reclamar su propio derecho por lo que constriñe a los trabajadores del poder judicial a hacer uso de los canales legales para externar los reclamos legales y justos.

“Los señores son sujetos a responsabilidad administrativa, penal y constitucional en el caso de los jueces y ministros a través del juicio político y en el caso del resto de trabajadores a través de las regulaciones administrativas que el contrato colectivo determine ya que están incurriendo en un delito que es obstrucción de la justicia”, aseveró el jurista.

Señaló que la manera en la que el Poder Judicial se está pronunciando en contra de la reforma debe considerarse grave, ya que están incurriendo en el delito de obstrucción a la justicia.