Lima.- La Embajada de México en Perú informó que no recibió ninguna solicitud de asilo por parte del expresidente Pedro Castillo después de su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, reveló uno de los abogados del exmandatario este viernes.

“La Embajada de México en Perú hace constar que no ha recibido solicitud alguna de asilo del (ex) presidente José Pedro Castillo Terrones al Gobierno de México, en los términos previstos por el derecho internacional y el derecho mexicano”, reza un comunicado de la delegación diplomática firmado el 28 de junio de 2024 y difundido por el abogado del expresidente.

En su mensaje, afirmó que cualquier solicitud de asilo a su favor que hubiera sido presentada por personas no autorizadas y sin su firma, carece de validez como solicitud para considerar otorgar dicho asilo.

“La Embajada no reconoce ningún documento que contravenga la posición oficial del Gobierno de México”, concluyó.

El documento fue difundido en la red social X por la defensa de Castillo, Walter Ayala, quien señaló que el fundamento principal de la Fiscalía y el Poder Judicial “para mantenerlo preso” es el peligro de fuga por una supuesta petición de asilo político en México, algo que argumenta nunca pasó.

Desde que ingresó en el penal de El Barbadillo, el mismo 7 de diciembre, tanto el expresidente como sus abogados han defendido que Castillo no se intentó fugar después de pronunciar el autogolpe, sino que fue a llevar a su familia a la embajada del país norteamericano para dejarla a “buen recaudo”.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Tras ese anuncio, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.

El exmandatario cumple desde entonces una orden de prisión preventiva de 18 meses por el intento de autogolpe y otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

La Fiscalía pidió el pasado 11 de enero que Castillo sea condenado a 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por el fallido autogolpe.