La reforma zedillista para desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que jubiló a 26 ministros y los sustituyó por 11 nombrados por el Presidente, no causó, pese a su gravedad, el revuelo provocado por las enmiendas constitucionales para que los jueces sean elegidos por la ciudadanía a partir de 2025, y con ello cambiar el sistema judicial. El periodista Gerardo Moyano advierte al respecto, en la nueva edición de «Espacio 4», que «la implementación de la reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre, avanza en medio de un pantano jurídico. En un esfuerzo por detener los cambios constitucionales que los obligarían a someterse al voto popular, jueces y magistrados han recurrido a toda clase de maniobras legales para bloquear su aplicación.

»Entre ellos, destacan el paro de actividades, que han retrasado más de 13 mil audiencias, una avalancha de amparos con bases jurídicas cuestionables y las amenazas de denunciar y llevar a juicio a la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los episodios más recientes en la confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo lo protagonizó la jueza Nancy Juárez Salas, del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien otorgó un amparo para retirar la publicación de la reforma del DOF. El incumplimiento de esta orden «rompe el Estado de Derecho y conduce a la anarquía», argumenta.

»En respuesta, Sheinbaum no sólo recordó que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que este tipo de recursos “es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, sino que también acusó a la jueza de violar la ley. “Quien está en desacato es la jueza. (…) Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el Estado de Derecho son ellos, ellas”, dijo en conferencia de prensa (21.10.24). “Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo (…) Son los propios jueces (…) que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: ‘Votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución’”, agregó.

»Otro de los principales obstáculos para la reforma es la organización del proceso electoral que designará a los jueces en 2025. El pasado 16 de octubre, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron que no avanzarán con la preparación de las elecciones judiciales hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva si pueden cumplir o no las órdenes judiciales que suspenden su organización. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá decidir si las impugnaciones presentadas por el Gobierno federal contra las suspensiones que han frenado la reforma judicial son de naturaleza electoral o jurisdiccional. El 14 de octubre, la SCJN admitió a trámite una solicitud de los magistrados del Tribunal Colegiado de Colima, en la que pidieron a los ministros determinar qué órgano jurisdiccional será competente para resolver los recursos de revisión y queja.

»Por otro lado, los congresos locales tienen hasta el 14 de marzo del próximo año para ajustar sus constituciones a la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión». La Suprema Corte es el último reducto del viejo sistema y de los grupos que pretenden impedir que avance el régimen en ciernes. El Tribunal Constitucional refleja los intereses de las fuerzas políticas que lo componen.