La noticia de la denuncia contra Arturo Zaldívar y su equipo corrió como un huracán en las redes de los juzgadores en México. Minutos después de que se hizo público que se había admitido a trámite, ya estaba en chats de WhatsApp. La compartieron jueces, magistrados, abogados. En Jalisco, la magistrada Elba Sánchez la recibió con alegría.

“Sentí como una luz y dije: al fin algo va a suceder”, me dijo Sánchez. Era abril de 2024. Sánchez llevaba cuatro años denunciando corrupción en el Poder Judicial y enfrentando las consecuencias. En 2020, la acusaron falsamente de acosar a sus colaboradores y la suspendieron por un año.

Ahora, tenía un par de meses con una nueva denuncia en sus manos, que apuntaba a la supuesta complicidad de Zaldívar en la corrupción del Poder Judicial como Presidente de la Corte. Pero Sánchez no se atrevía a presentarla.

“Me preguntaba si me estaba volviendo loca”, me dijo. “Nunca un magistrado ha denunciado a un presidente (de la Corte)”. Pero la denuncia anónima contra Zaldívar, su mano derecha, Carlos Alpízar, y otros de su equipo, la animó a decidirse. Cuatro días después de que le llegó aquel mensaje de WhatsApp, Sánchez presentó su propia denuncia, que ya está en trámite.

Antes, el abogado Miguel Meza presentó otra denuncia, que también apuntaba a Zaldívar. Esta otra dice que en el Poder Judicial premiaron a jueces que resolvieron asuntos que convenían al Gobierno de López Obrador y castigaron a los que resolvieron en su contra. El caso principal que cuestiona es el de un magistrado a quien quitaron de su puesto por no rechazar los amparos contra el Aeropuerto Felipe Ángeles. “Presenté mi denuncia en febrero, pero ahora me han dicho que la denuncia anónima es de seis meses antes”, me dijo Meza.

Con esta, son al menos tres denuncias vigentes que contienen el mismo argumento: en el Poder Judicial encabezado por Zaldívar se presionó a jueces y magistrados para que favorecieran al obradorismo. El exministro dice que todo es una fabricación de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Pregunté a Zaldívar cómo podía probarlo. “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, respondió.

Esta semana, Televisa publicó audios de Alpízar presionando a un magistrado. Hablé con juzgadores y abogados. Me dijeron que hay más audios. “Los magistrados empezaron a grabar las llamadas con Alpízar, les parecía que ya era demasiado”, me dijo una fuente. “Parece que él se dio cuenta, porque empezó a citar a la gente en su oficina y les quitaban sus celulares”, dijo otra.

A la magistrada Sánchez le sucedió. “Sí supe que algunos lo estaban grabando. Me hubiera gustado hacerlo, pero no pude”, dijo. Según Sánchez, cuando se reunió con Alpízar, la obligaron a dejar su celular en una caja de madera.“Si tienen otros audios, que se presenten”, me dijo Zaldívar. “Son audios en los que no participo. No sé si están trucados. A mí no me pueden involucrar en nada”.

Cuando le pregunté por casos específicos de personas que recibieron beneficios médicos, un ascenso en el Poder Judicial o que usaron su nombre para obtener dinero de abogados, respondió que “no se acuerda” o que “ya rompió relaciones con esa persona”.

Para Zaldívar, las denuncias son una falsedad. Asegura que se trata de un ataque a Claudia Sheinbaum, aunque ella no aparece mencionada en ninguna de las acusaciones. Las acusaciones que revisé son contra él y sus colaboradores, pero busca escudarse en la campaña de Sheinbaum en la que colabora “para servir a mi país”.

Dice que a López Obrador y a él los une “una relación de afecto”. “Yo, y estoy seguro que el Presidente, estamos más allá de estas cuestiones que son muy pequeñas y mediocres, de gente que está en la política con la idea de tener cargos”.

El exministro no parece tener remordimiento por saltar del Poder Judicial a la campaña de Sheinbaum con horas de diferencia. “No cambié mis votos antes de mi renuncia”, dijo.

El Poder Judicial ya investiga a los colaboradores de Zaldívar, mientras la Corte espera una opinión especializada sobre cómo investigar al exministro. Esto no es un escándalo político electoral, como pretende él, sino un terremoto para el Poder Judicial: el de los casos que ahora pueden ser revisados. En un país en el que la impunidad aún está en 95% y miles de personas esperan años por una resolución judicial, más casos, ahora a revisión, no son una buena noticia.