Por: José F. Otero

Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de 2018 a 2024, el sector de telecomunicaciones en México enfrentó desafíos significativos, especialmente en el despliegue de redes 5G y en los esfuerzos por reducir la brecha digital. La falta de una agenda clara para promover las telecomunicaciones avanzadas, junto con obstáculos burocráticos y financieros, contribuyeron a que México quedara atrás en la carrera hacia el 5G y en la mejora de la conectividad nacional. En algunos casos, la culpa fue el desconocimiento del sector que, por ejemplo, llevó al presidente López Obrador a insistir durante el principio de su mandato en una cobertura del 100% de la geografía del país por fibra óptica ignorando los costos que conlleva desplegar una tecnología solo en zonas pobladas de la sociedad.

Uno de los mayores retrocesos durante la administración de AMLO fue la falta de apoyo a las reformas de telecomunicaciones que se habían implementado bajo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en 2013.

Estas reformas por medio de la creación de la figura de agente preponderante en telecomunicaciones buscaban romper el dominio de empresas como América Móvil (Telcel y Telmex) fomentando la competencia y promoviendo la inversión en infraestructura. Las reformas también establecieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo regulador independiente encargado de supervisar el mercado y fomentar la competencia. También dieron pasas a la creación por mandato constitucional de una red compartida que utilice 90 MHz de espectro en la frecuencia de 700 MHz para dar servicio mayorista al 92,2% del país.

Sin embargo, el gobierno de AMLO redujo el presupuesto y socavó la independencia del IFT, debilitando su poder regulador. La reducción en la supervisión permitió que algunos jugadores establecidos mantuvieran una porción significativa del mercado, lo que sofocó la competencia e innovación. La falta de rigor regulatorio también desalentó a nuevos participantes de invertir en el sector, limitando el progreso en iniciativas que podrían haber reducido los costos para los consumidores y ampliado la cobertura de la red a áreas desatendidas.

Una de las brechas más evidentes en las políticas de la administración fue su enfoque hacia el desarrollo y despliegue de las redes 5G. A nivel global, la carrera por el 5G se ha visto como un hito crítico para el crecimiento tecnológico e industrial. Naciones como Brasil y Chile avanzaron significativamente en el despliegue de redes 5G durante el mandato de AMLO, mientras que México tuvo dificultades para mantenerse al día. La asignación del espectro necesario para las redes 5G fue repetidamente retrasada y no se estableció un marco regulatorio claro que fomentara la inversión en infraestructura. Dicho de otra manera, el 5G comienza a comercializarse sin ningún impulso del estado, como parte de la estrategia de cada uno de los dos operadores minoristas de red del país como parte de su estrategia enfocada en el posicionar al operador como innovador tecnológico.

Uno de los motivos de estos retrasos fue la capacidad reducida del IFT, debido a los recortes presupuestarios y la falta de apoyo político para las iniciativas del organismo. El proceso de subasta del espectro para 5G, que debería haber sido una prioridad para el gobierno, sufrió repetidos aplazamientos. Una batalla que más de una vez tuvo tonos personales y fue nutrida de acusaciones que no pudieron ser sostenidas por el ejecutivo. El resultado un IFT al que le faltan tres comisionadas para poder funcionar a cabalidad, como se espera de cualquier agencia de estado.