En la década 1970-1980, incluso en los 90, en varios países, tanto de Europa como de América Latina, la sociedad civil se organizó en el combate contra el Estado autoritario. La lucha unificada contra el autoritarismo, que reunía a los más diversos sectores sociales, contribuyó decididamente, a crear una visión común que dejó marcas profundas en el debate teórico y político sobre el tema. Sin embargo, al surgir un nuevo orden asentado en instituciones democráticas formales, el avance del proceso de construcción democrática contribuyó a explicitar y a clarificar la heterogeneidad de los diferentes proyectos políticos que se definían en el interior de la sociedad civil.

Este proceso tuvo un acento significativo en la construcción de una nueva ciudadanía. La redefinición del concepto “ciudadanía”, emprendida por las organizaciones de la sociedad civil, apuntó a la creación de una sociedad basada en el reconocimiento de sus miembros como portadores de derechos y causas, incluso del derecho de participar efectivamente en la gestión de la sociedad. Es aquí justamente donde se ubica el centro del análisis. Las formas de gestión y control social públicas no gubernamentales, son una de las victorias fundamentales derivadas de las luchas de la sociedad civil contra del Estado autoritario.

Podemos afirmar entonces, que como resultado de lo anteriormente mencionado, en la actualidad, se ha generado una consecuencia concreta: la creación de espacios en foros y en redes sociales, tanto de aquellos que buscan promover el debate democrático al interior de la sociedad civil para que sus propuestas sean incorporadas en la agenda pública, como de aquellos que se constituyen como espacios de ampliación y democratización de la gestión estatal. Sin embargo, al hablar de la democratización, nos planteamos dos interrogantes: ¿Estamos en presencia de una pugna directa entre lo social y lo gubernamental? o ¿Estamos en presencia de límites que la sociedad a logrado imponer al Estado? Estas preguntas nos permiten revisar, los tipos de relación que hoy durante este sexenio en nuestro país, se han establecido entre la sociedad civil y el Estado. Y ante la resistencia del Estado comandado por Lopez Obrador, la sociedad civil juega un papel aun más importante.

Y es que el más reciente desplante autoritario del Presidente de México, fue convocar a una manifestación en contra de sus propios ciudadanos en respuesta a la marcha organizada el pasado 13 de noviembre en defensa del INE. En la incipiente democracia mexicana no hay registro de algo similar. Habríamos que remontarnos a más de 50 años, para encontrar una referencia cercana, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, repudiado por la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968, convocó a una manifestación de “desagravio” en el Zócalo. De ese tamaño es el retroceso del reloj democrático al que AMLO quiere someter a nuestro país. Desde que se anunció la manifestación a favor de defender al órgano electoral, AMLO dio muestras de que no la estaba procesando bien. La idea de que un grupo que no fuera suyo tomara las calles le generaba una especie de indigestión política.

Desde días antes de que se efectuara, la marcha del 13 de noviembre se volvió el tema central en la conversación pública del país. De entrada, porque el Presidente insultó a los convocantes de la marcha y a quienes planeaban asistir. Y luego porque los retó a que llenaran el Zócalo (la marcha no tenía esa ruta), como él lo ha hecho tantas veces. A todas luces, AMLO no esperaba que la marcha fuera lo que fue: según los organizadores, expertos y tecnologías, cientos de miles marcharon en distintas ciudades del país. En los cuatro años que lleva este Gobierno no se había registrado una protesta tan nutrida. Los ciudadanos fueron a darle pelea en su terreno y le ganaron: perdió el monopolio de la protesta y su supuesta condición de dueño de la calle, que se había abrogado durante dos décadas de ser el opositor más eficaz a tres presidentes de México. En respuesta a esto, solo se le ocurrió una cosa: organizar otra marcha, pero ahora de el, contra su pueblo.

Que nadie dude del poder de la ciudadanía y de cómo esta, cuando se organiza, puede influir en la agenda pública y fortalecer el orden democrático.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.