Este artículo señala algunas características del Plan de Desarrollo del Gobierno en el poder, que combina políticas económicas y sociales bajo la óptica de la economía moral y enfrenta el desafío de cumplir con todas las actividades propuestas durante el sexenio.

Antecedentes

En México, existe una gran tradición en la elaboración de planes de desarrollo en diversas disciplinas como el urbanismo, la economía, la salud pública y la planificación de los sectores energético, hidráulico y minero, entre otros. Esta práctica comenzó desde que la administración de la república adaptó algunas propuestas de desarrollo económico ideadas por los economistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Estas proposiciones, más tarde, contribuirían a la definición del paradigma económico llamado sustitución de importaciones, que la autoridad implementó en el país después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El Estado, al centralizar una parte de la economía, especialmente aquellos sectores considerados estratégicos, recurrió a la planificación como una herramienta para definir políticas, estrategias y programas de desarrollo económico y social. Todas ellas se plasmaron en los planes nacionales de desarrollo de cada mandatario, que se publicaban al inicio de su período sexenal de gobierno.

Sin embargo, la ejecución de los planes no se ha visto reflejada en los hechos, menos aún en aquellos planes transexenales diseñados para la consecución de metas a largo plazo, independientemente de quien sea el presidente de la república. El incumplimiento obedece a varias razones. Dos de ellas se asocian con los patrones culturales de los mexicanos, que, por las experiencias del pasado, prefieren sistemas flexibles a los de la planificación delineada desde el centro, optando por la libertad económica sobre el tutelaje del Estado.

Otra razón se relaciona con la vecindad con Estados Unidos, nación cuya economía se maneja a través del libre mercado y que influye, de alguna manera, en la idiosincrasia del consumidor mexicano. Para oficializar el ejercicio de la entrega de los planes de desarrollo cada seis años, se promulgó la Ley de Planeación. Esta se formuló y aprobó por el Congreso de la Unión en 1983, y desde esa fecha es una obligación constitucional presentar dichos planes ante la ciudadanía.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

Este plan plasma los objetivos de trabajo y las prioridades en materia económica, social y política que se pretenden atender durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los planes de desarrollo hasta 2018 tenían un enfoque economicista, cuyo objetivo era impulsar el crecimiento del PIB.

En este sexenio, también se considera explícitamente mejorar el bienestar de la población, objetivo que se pretende alcanzar a través de una menor asimetría en la distribución de los recursos económicos, salarios decentes para la población y las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

Otra innovación del plan es que no se limita a señalar objetivos, metas y acciones, sino que incorpora presupuestos, indicadores de resultados e indicadores de rendimiento de las acciones y obras propuestas. Con ello, se busca que sea un documento confiable que se pueda evaluar para conocer si lo que se prometió o planificó se cumplió en los hechos.

A partir del 6 de enero, se inició la consulta ciudadana, con la organización de 14 foros en diferentes ciudades del país. En cada uno de ellos se presentarán propuestas a los temas que derivan de los cuatro ejes rectores del plan: 1.) Gobernanza con justicia y participación ciudadana; 2.) Desarrollo con bienestar y humanismo; 3.) Economía moral y trabajo; 4.) Desarrollo sustentable

Los cuatro ejes se orientan bajo tres ejes transversales: a. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres b. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional c. Derechos de las comunidades indígenas y afro-mexicanas. El documento se presentará a finales de febrero.

Economía Moral

Es un término que había quedado rezagado por el avasallador movimiento neoliberal, el cual privilegiaba la libertad económica sobre la intervención del Estado en la economía. Los libros que trataban sobre este tipo de economía habían quedado abandonados a su suerte en los estantes de las bibliotecas y librerías. No obstante, parece haber un interés renovado en retomar algunos aspectos de esta antigua forma de concebir la economía, al menos en el PND 2025-2030.

El propio nombre de la teoría sugiere que las relaciones económicas se manejarán bajo el principio moral, guiadas por dos premisas que permiten regular las transacciones comerciales. La primera es la justicia, entendida como equidad, asegurando que los trabajadores reciban prestaciones sociales y salarios que les permitan tener una vida de calidad. La segunda es la ética, que será el eje transversal de todas las políticas públicas que se formulen, impactando directamente en la sociedad.