Diariamente escuchamos que los periodistas que critican al Gobierno Federal, califican las instrucciones de AMLO y el sector duro de Morena en contra de las instituciones y de la constitución como berrinches o ocurrencias, debido a que no han entendido el plan que los mueve para permanecer en el poder y cambiar de régimen en el país, tal y como lo ha repetido López Obrador, amparado en la frase de primero los pobres.

Desde los 70, los principales grupos de la izquierda, que en ese tiempo eran opositores al PRI y al capitalismo en que se encuentra inmerso México, iniciaron un debate para definir su actuación revolucionaria, pues había dos tendencias: una, las acciones militares, guerrilleras y terroristas; y la otra que proponía crear un partido para luchar por conseguir la presidencia, y desde allí cambiar el régimen por un “socialismo”, conocido ahora como “socialismo latinoamericano”.

En aquellos días, el partido comunista, manejado por la URSS y propagandista de las revolución bolchevique, era el decano de todos los grupos de la izquierda, y el mejor organizado desde la clandestinidad. Fue en esa época, cuando la izquierda decidió participar en las elecciones, con el objetivo de llegar a la Presidencia, y desde allí decretar el “socialismo” como el régimen en el país.

Desde su época de clandestinidad, los grupos “revolucionarios” simpatizaron con la guerrilla y el terrorismo, y en ese camino encontraron otro apoyo, el de los narcotraficantes, quienes les daban armas y dinero, a cambio de proteger los plantíos de mariguana. El estado de Guerrero fue el ejemplo a seguir. Por eso no es extraño que estos grupos que ahora están en el poder, sigan teniendo un pacto con el crimen organizado.

Tampoco es casual, que un grupo de la inteligencia cubana sean los principales asesores de AMLO, y que los duros provenientes del Partido Comunista sean los que rodean a López Obrador, y los que operan sus órdenes, ayudados por los lacayos y mercenarios de los otros partidos como el PRI, PRD, PT y PVEM, todos oportunistas.

Lo que está sucediendo con AMLO y Claudia Sheinbaum, es aquel objetivo que la izquierda adoptó en los 70: llegar a la Presidencia mediante el sistema electoral, para cambiar el régimen. Por eso el desmantelamiento de las instituciones que les estorban y las reformas a la Constitución, para crear las condiciones a modo e instaurar una dictadura como en Cuba y Venezuela.

A AMLO no le interesa romper con EU, pues le hace falta un enemigo a quien echarle la culpa de sus errores, tal y como Cuba lleva 65 años haciéndose la víctima, diciendo que sus penalidades económicas son responsabilidad del bloqueo de EU; y como el país caribeño, AMLO quiere abrirle las puertas de México a Rusia, China y a cuanto enemigo de nuestros vecinos quieran, no importa que con ello detengan el progreso experimentado con el T-MEC, al fin y al cabo los dictadores populistas latinoamericanos anhelan un país de pobres, ignorantes y sometidos, para hacerlos depender de su poder.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Permitirán los Estados Unidos que en su frontera de 3,152 kilómetros se instaure una más de las dictaduras populistas de América Latina?

Política aldeana

Eliseo Mendoza Berrueto creó el primer sistema de computo del Registro Público de la Propiedad, y según dicen los que saben, funcionó hasta que Rubén Moreira metió las manos y creó un nuevo sistema que fracasó, pues a pesar de que gastaron una millonada de pesos, no sirvió. En el sistema de Eliseo se tardaban 15 días para inscribir una escritura, en el de Rubén hasta un año.

Posteriormente José María Fraustro Siller modernizó el sistema, contratando desde el inicio a Mónika Zertuche Sánchez, la que finalmente se quedó como directora Registradora en el Registro Público de la Propiedad, y desde entonces ha sido señalada de corrupción, incluso involucran a José María Fraustro Siller en los negocios de la que fue su subalterna.

Mónika Zertuche ha sido denunciada por cobrar cuotas para el registro de una escritura, pero a la fecha ninguna autoridad ha optado por investigar la actuación de la funcionaria, porque finalmente al Gobierno no le interesa, según dicen los afectados, a pesar de que los notarios le generan ingresos propios al estado por los negocios que éstos llevan; sin embargo, han encontrado todos los medios y pretextos posibles, para no inscribir el acto que presentan los notarios, lo cual también es un negocio por reingresar una escritura, porque nuevamente pagan derechos. El 99% del pago de las escrituras son impuestos para el municipio y el estado.

También es cierto que hay notarios que se roban el impuesto sobre la renta, pero el Gobierno no tiene la voluntad de resolver el problema del Registro Público de la Propiedad, pues no le interesa la eficiencia y la honestidad en la dependencia, seguramente porque no afecta a los notarios favoritos del Gobierno, pues el resto de los notarios tienen dos opciones: o pagan la cuota para que sus escrituras no tarden en ser registradas o se esperan los meses necesarios, pero hay quienes señalan que la solución es cambiar el ineficiente, caro y corrupto sistema.

El director General del Registro Público de la Propiedad es Sergio Mier Campos, funcionario reconocido en la sociedad, por ser de una familia notable de Saltillo, pero quienes conocen la situación saben que la que manda en esa dependencia es Mónika Zertuche Sánchez, que ante las denuncias le han hecho lo que el viento a Juárez, seguramente porque tiene padrinos poderosos.

Preguntas huérfanas

¿Por qué el rector Octavio Pimentel no promueve la nueva imagen de la UAdeC terminando la corrupción endémica de la Universidad, denunciando a los ladrones y despidiendo a las decenas de aviadores, en lugar de actos de entretenimiento masivo que no resuelven los problemas financieros de la máxima casa de estudios de Coahuila?