En la situación de incertidumbre económica, confrontación política y deterioro persistente del nivel de vida de las familias mexicanas que enfrentamos actualmente, vale la pena reflexionar sobre la idea del país que queremos y podemos ser.

Si algo ha quedado claro en estos últimos años, es que superar las desigualdades sociales y la pobreza en la que se encuentran millones de personas debe ser uno de los propósitos fundamentales de cualquier estrategia que se proponga impulsar el desarrollo.

Además de las razones éticas y de justicia social, sobran motivos en el ámbito económico y político que fundamentan lo pertinente de esta forma de pensar.

Una política social responsable, focalizada y medible en sus resultados, es una premisa para promover la conciliación y unidad de los mexicanos, dejar atrás el resentimiento y la polarización; para trabajar juntos en el proyecto de la nación que queremos construir.

Es absurdo pretender –como lo ha hecho el Gobierno federal desde 2018– que la mayor igualdad social se logrará si se reduce la clase media y se incrementa el número de pobres; o sea, todos más pobres pero en situación de mayor igualdad.

El crecimiento económico del país y la mejora del ingreso per capita es la única forma conseguir una sociedad más equitativa y próspera. En esto no puede haber otros datos.

Y el primer requisito para crecer es que haya confianza para invertir, generar más empleo y mejorar los ingresos. Confianza en que las leyes serán respetadas, confianza en las instituciones, confianza en la seguridad.

Necesitamos un sistema educativo fortalecido, con mejores contenidos curriculares y tecnologías, maestros más capacitados y evaluaciones que garanticen el avance hacia una mayor calidad, así como un sistema de investigación científica e innovación tecnológica que cuente con los apoyos necesarios para contribuir al crecimiento.

La pandemia de Covid-19 nos dejó muy claro el gran rezago a que se ha condenado al sector salud. A los problemas que ya arrastraba desde hace años, hoy se suman las ocurrencias e incongruencias que, entre otras cosas, han provocado el desabasto de medicinas y la falta de atención a sectores importantes de la población. Urge avanzar en una reforma integral, profunda y seria del sector salud para universalizar su cobertura y mejorar la calidad de sus servicios.

La destrucción de los recursos naturales, los problemas de contaminación y la amenaza real del cambio climático, son aspectos que deben atenderse mediante una agenda nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad y que el Gobierno federal sea el primero en establecer criterios ambientales en sus proyectos.

Un reto importantísimo es la seguridad pública. Se requiere de una determinación contundente por parte del Gobierno federal y de unificar a todas las entidades responsables y ordenes de Gobierno para garantizar el clima de paz y seguridad que demanda el desarrollo de México.

El mayor desafío es la gobernabilidad democrática. Es indispensable desterrar las practicas populistas y autoritarias, la corrupción, la soberbia y la ineptitud en el servicio público; abrir las puertas a la conciliación, a la coordinación entre los gobiernos federales, estatales y municipales, a la concertación entre las fuerzas políticas, al respeto a la Ley y a las instituciones. Este compromiso es imprescindible para avanzar en el país que queremos.

Finalmente, un aviso personal. El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, me ha invitado a formar parte de su equipo de trabajo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo cual he decidido hacer una pausa en la publicación de mi columna Andamios. Muchas gracias al Periódico Zócalo, muchas gracias a ustedes.